Una treintena de colectivos de diversa índole ha registrado este lunes un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en el que expresa su rechazo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por llevar implícita un vertido tóxico al río Guadalquivir.
Según ha afirmado Ecologistas en Acción en un comunicado, este vertido tóxico "envenenará todo el estuario del Guadalquivir" hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, "a las puertas del Parque de Doñana", sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana "ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica".
En este tramo del estuario se localizan las tomas de riego de los arrozales "y donde se crían los alevines del golfo de Cádiz", por lo que los firmantes del manifiesto entienden que se pondrá en cuestión "la seguridad alimentaria de esos productos".
El escrito sellado hoy recuerda que hay que tener en cuenta que este vertido "se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC), que opera desde la vecina Gerena, cuyo vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, en La Algaba, con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años.
Ello suma un total de 32.760 millones de litros de vertido "igualmente tóxico y altamente contaminado con los mismos metales pesados que pretende verter la mina de Aznalcóllar", indica el escrito.
Ahora, la apertura de la mina contempla el punto de vertido tóxico en la localidad de Santiponce, en el estuario del Guadalquivir, que incluye una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero, que atravesaría los municipios de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras, y llegaría a Santiponce.
La empresa explica en su proyecto, según Ecologistas en Acción, que ese vertido operacional se produce después de una importante reutilización del vertido en su proceso industrial, pero en el dictamen ambiental al que Ecologistas ha tenido acceso, "aprobado por la autoridad ambiental de la Junta de Andalucía", se incrementa el vertido tóxico operacional en más de un 50 %, hasta los 4.000 millones de litros anuales, "sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública".
Para la formación conservacionista, se trata de una "ocultación grave por parte de la autoridad ambiental" del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir, lo que "justifica sobradamente la necesidad de que se produzca un nuevo trámite de información pública", donde los ciudadanos puedan conocer el contenido del dictamen "y exigir a la Junta de Andalucía" que obligue a la empresa a una alternativa de reutilización completa del vertido en su proceso industrial, "garantizando el vertido cero".
La organización ecologista, que lamenta que la Junta de Andalucía "parece no haber aprendido de los errores del pasado", sostiene que este vertido afectará a la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, "contaminando con metales pesados a todo el estuario del Guadalquivir", afectando al Parque Nacional de Doñana, a los cultivos de arroz del bajo Guadalquivir y a la biodiversidad de la desembocadura, "la cual es clave como guardería y criadero de especies".
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