La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 12 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de inmigrantes de origen colombiano a los que explotaban laboralmente en locales de restauración de la provincia de Tarragona.
Según informan este viernes ambos cuerpos en un comunicado, las víctimas venían a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en el sector de la hostelería por el que cobrarían un sueldo de 500 euros por 4 horas de trabajo, pero en muchos casos no llegaban a percibir más que 20 euros por 15 horas de trabajo al día.
El número de víctimas de esta organización desarticulada asciende a 46 personas: durante la investigación fueron liberadas 18 personas y otras 28 en la explotación del caso.
A los 12 detenidos en las localidades tarraconenses de Torredembarra y Reus y en Tarragona capital se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.
Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.
La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.
La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.
Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.
Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.
Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.
Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo, los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y no disfrutaban de vacaciones.
El salario que finalmente recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.
En la operación policial conjunta desarrollada este mes participaron más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
De las 12 personas detenidas, el juzgado de instrucción que dirige la causa decretó el ingreso en prisión para tres de ellas y la clausura de los cuatro locales de restauración en los que eran explotados los inmigrantes.
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