Carmen Soto tendrá que dejar su vivienda de El Mopu, propiedad de la Junta de Andalucía, el próximo 23 de abril, si no encuentra una solución de aquí a esa fecha. Atada de pies y manos y con el apoyo de sus vecinos y de la Plataforma Nacional por los Derechos Humanos, este martes se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Jerez para “pedir justicia” y que medie y aborde con la Junta de Andalucía su caso.
“La Junta me quiere echar a la calle después de 42 años viviendo ahí”, lamenta esta vecina, que lleva todo ese tiempo en un piso de sus suegros, con los que siguió viviendo tras la muerte de su pareja en un fatal accidente en una obra. Según relata, aunque este matrimonio no eran sus padres biológicos, se hicieron cargo de su pareja desde pequeño y ella los ha cuidado hasta su fallecimiento. Ha sido sido ahora, cuando ellos ya no están, cuando han empezado los problemas.
Según su testimonio, el conflicto no viene por los impagos (por el importe del alquiler social), pues está al corriente, sino porque “no haya un vínculo familiar” entre el que fue su novio y sus padres. Como relata, de poco ha servido el documento que en su día se registró en la Junta, en el que se daba fe de que ella se encargaba del cuidado de sus suegros y estos les cedían la casa cuando faltasen. “El escrito lo registró la sobrina de sus suegros, en 2014, y ahí se establece que la casa la tiene que seguir ocupando ella, pero no le dieron copia sellada ni nada y ahora dicen que el original lo han perdido”, argumenta Francisco Saavedra, presidente de la Plataforma Nacional por los Derechos Humanos.
Saavedra asegura que el foco de todo viene de un “informe malvado e intencionado” realizado por una asistenta social “que no se ajusta a la verdad”. Contra él, advierte, tienen “más de 150 vídeos” que acreditan “verbalmente” que lleva más de 10 años viviendo en esa vivienda pública, “con lo que tiene derecho a que se regularice su situación”, tal y como contempla la ley.
“Creemos que en un estado de derecho y en un país democrático no se puede permitir esto; esa vivienda es suya”, critica el portavoz del colectivo, que está dispuesto a convocar movilizaciones en la barriada, donde contabiliza “más de 60 casos” como el de Carmen. “La Junta está en una encrucijada y quiere expulsar a más de 60 familias que se van a ver desahuciadas. Esto es inhumano”, concluye.
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