El Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña ha iniciado un procedimiento sancionador contra dos distribuidoras pertenecientes al grupo Endesa -Endesa Energía y Energía XXI Comercializadora de referencia- debido a errores en la facturación que han impactado a 82.000 clientes. Según se ha informado desde la Generalitat y confirmado por fuentes de la empresa a Europa Press, la compañía ha aplicado erróneamente las tarifas fiscales correspondientes a 2024 en los consumos eléctricos de 2023.
Esta práctica ha llevado a un sobreprecio en las facturas emitidas, donde el impuesto eléctrico aplicado incorrectamente ha sido del 2,5% en lugar del 0,5% que correspondía en 2023, y el IVA se ha elevado al 10% o al 21% en función del precio de la energía, comparado con el 5% que debería haberse aplicado. La Generalitat ha cifrado que la compensación a los afectados debería oscilar entre 30 y 75 euros por factura.
Desde la empresa eléctrica, las fuentes han explicado que los retrasos en la emisión de las facturas y los errores en la aplicación de las tarifas se deben a "los profundos y continuados cambios regulatorios". Además, han asegurado que cualquier sobrecoste generado por esta situación es automáticamente ajustado en las facturas subsiguientes.
Este nuevo incidente de facturación incorrecta no es un caso aislado en la historia reciente de Endesa. La empresa ha sido objeto de críticas repetidas y multas anteriores por problemas similares. En 2022, la misma Generalitat impuso una sanción de 600.000 euros a la compañía por retrasos en las facturaciones que afectaron a sus clientes durante el año 2021. A pesar de los intentos de la empresa por mejorar la situación, muchos consumidores continúan reportando esperas excesivas y problemas continuos, algunos de los cuales se han prolongado por más de un año.
La situación ha generado un descontento considerable entre los consumidores, quienes han utilizado plataformas en línea para expresar su frustración con la empresa. Aunque Endesa ha mencionado que ha estado trabajando en "un cambio en el sistema de facturación y ajustes normativos" para mejorar el servicio, los clientes siguen enfrentándose a un servicio que no cumple con las expectativas ni con las normativas vigentes, que dictan que las facturas deben emitirse dentro de los cinco días posteriores a la lectura del contador.
Dado este contexto, surge la pregunta: si Cataluña ha tomado medidas sancionadoras contra Endesa por estos problemas recurrentes, ¿cuándo seguirán otras comunidades autónomas como Andalucía en implementar acciones similares para proteger a los consumidores? La situación en Cataluña podría servir como un precedente importante para otras regiones en España que también han sido afectadas por las prácticas de facturación de Endesa.
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