El portavoz de este colectivo, Jesús Gil, mostró su indignación tras no haberle sido notificado -según le informaron desde Fiscalía por una devolución postal- el archivo de las actuaciones el pasado 21 de septiembre por parte de la fiscal de Urbanismo, Inmaculada Budiño, a quien derivó el caso el fiscal de Cádiz tras recibir la documentación e imágenes aportadas por la plataforma sobre los daños causados supuestamente por la empresa Vverg.
La causa del archivo del proceso fue que según la fiscal el proceso de modificación puntual para la UN-19 se estaba realizando de acuerdo con los cauces legales y que incluso el 23 de marzo de 2010 tuvo un informe de valoración ambiental viable por parte de la Junta.
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