La Delegación del Gobierno y la Policía Local han asegurado carecer de datos de participación a las 14.45 horas, si bien Efe ha podido saber de fuentes de la Administración autonómica que los cálculos policiales la elevaban a unas 10.000 personas, mientras que el sindicato CSIF ha asegurado en una nota que han sido 45.000 personas.
“Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba”, “Griñán, cateto, deroga el decreto” y “A la Administración por oposición” han sido algunas de las consignas coreadas en la manifestación, convocada por el sindicato CSIF y una docena de organizaciones más y cuya pancarta de cabecera decía: “Derogación de decreto ley 5/2010 ¡ya! Por una Administración imparcial y no politizada”.
También convocada con el lema “Por unos servicios públicos de calidad. No al enchufismo y la privatización”, los manifestantes sostienen que con esta norma se pretende hacer fijos, en igualdad de condiciones con los funcionarios, al personal de las empresas públicas andaluzas, unas 20.000 personas que no han aprobado unas oposiciones para acceder a sus puestos de trabajo.
Han participado en la manifestación, además de funcionarios, trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua, luciendo lemas contra su privatización, y un grupo de militantes andalucistas con su líder, Pilar González, a la cabeza.
Los manifestantes han hecho sonar bocinas, sirenas, pitos y cencerros durante todo el trayecto, que ha tardado casi tres horas en recorrer todo el trayecto por la ronda histórica, cuyo tráfico ha debido ser cortado en ambos sentidos, así como el tranvía que conecta el Prado de San Sebastián con el centro y varias líneas de autobuses, al menos entre las 12.00 y las 13.00 horas.
La responsable de Administración autonómica de CSIF, Alicia Martos, recordó que en esta manifestación no se piden más remuneraciones ni mejores condiciones laborales “sino que se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes, y para que se preste un servicio a los ciudadanos con objetividad e independencia”.
La protesta de los funcionarios se alarga ya más de seis meses por lo que Martos calificó de “rechazo absoluto” a una norma que calificó de “inconstitucional, ilegal” y que “deja sin independencia a la Administración autonómica” y arrebata a los ciudadanos “un patrimonio como es una Administración imparcial y eficaz”.
Con esta manifestación, los funcionarios tratan de hacer ver a los grupos parlamentarios “el amplio grado de disconformidad” que suscita entre ellos.
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