El boom de los conciertos de música, un sector que ha crecido especialmente en Andalucía y al que se dedican numerosas empresas, se tambalea con la salida a la luz de una información que supone un golpe importante a este tipo de organizaciones. Una investigación de la Inspección de Trabajo ha puesto al descubierto un esquema de infracotización que ha afectado a miles de músicos en España, creando un agujero de casi 6 millones de euros en la Seguridad Social durante el año 2022. Según desvela el diario El País, la empresa Actura 12 S.L. se encuentra en el ojo del huracán, acusada de ser la protagonista de esta trama que ha sacudido los cimientos de la industria de la música en vivo en el país.
La precariedad laboral en el sector musical, un secreto a voces desde hace años, parece haber sido el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de prácticas fraudulentas florecieran. La mayoría de los músicos enfrentan una intermitencia en sus ingresos y una falta de estabilidad laboral, lo que les hace inviable la opción de darse de alta como trabajadores autónomos. Esto, a su vez, ha abierto una brecha que empresas como Actura han sabido explotar. Habrá que ver cómo progresa la investigación y si las pesquisas se amplían a las numerosas empresas que se dedican a organizar conciertos en Andalucía.
La mecánica de la infracción se basa en la emisión de facturas por servicios musicales en eventos y conciertos, principalmente organizados por ayuntamientos y entes locales. Estas facturas, esenciales para legitimar las transacciones y cumplir con las exigencias fiscales, se convierten en un problema para los músicos no autónomos, que no tienen la capacidad de emitirlas. Aquí es donde entran en juego empresas intermediarias como Actura, que contratan temporalmente a los artistas, cotizando por ellos en la Seguridad Social por el salario mínimo y declarando el resto de sus ingresos bajo conceptos como dietas o complementos, lo que resulta en una cotización insuficiente y, por ende, en una menor protección social para el futuro de estos artistas.
La respuesta de Actura ante las acusaciones ha sido de cautela, señalando que el acta de liquidación aún no está cerrada y que presentarán las alegaciones pertinentes. Sin embargo, esta situación ha destapado una realidad mucho más amplia que afecta a todo el sector, con prácticas similares que han sido normalizadas durante años en múltiples empresas, generando pérdidas aún mayores para el Estado y poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
La reactividad del Gobierno frente a este descubrimiento ha sido inmediata, buscando no solo sancionar a los responsables sino también implementar medidas que atajen de raíz la problemática de la precariedad y la inestabilidad laboral en el sector cultural. No obstante, la complejidad de la industria musical, caracterizada por su diversidad y la intermitencia de sus actividades, plantea un desafío significativo para la creación de un marco regulatorio que proteja efectivamente los derechos de los artistas sin asfixiar la creatividad y la dinámica cultural del país.
Los testimonios de músicos afectados, recogidos de forma anónima por temor a represalias, así como el análisis de expertos legales, coinciden en señalar a estas prácticas no solo como fraudulentas sino también como profundamente dañinas para el tejido social y cultural. La infracotización no solo afecta a la Seguridad Social sino que también perjudica a los propios artistas, quienes, atraídos por ingresos netos inmediatamente mayores, pueden estar comprometiendo su protección y derechos futuros.
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