La imagen de sindicatos y sanitarios tras las pancartas a las puertas de los centros de salud en Jerez y otras localidades de la provincia de Cádiz empieza a ser demasiado habitual. Este miércoles la foto se ha repetido en las dependencias de Atención Primaria de La Granja, donde una médico de familia fue agredida físicamente y verbalmente el pasado viernes. La suya es la segunda de gravedad que se produce en Jerez en apenas dos meses. En enero otra facultativa fue atacada por una usuaria en un capítulo que terminó con destrozos del mobiliario en el centro de salud de San Benito.
Tal y como denunciaron desde el Sindicato Médico, en el caso de la de La Granja, ocurrió en su propia consulta y la acompañante de una paciente llegó a las manos, dándole “un tirón de pelo”, insultando y amenazando a la facultativa por las prisas por ser atendida y “atemorizando” a otras enfermeras.
Pese a esta acción violenta, que causó un gran revuelo en el centro de salud, la víctima no se ha dado de baja médica, aunque ha presentado una denuncia en Comisaría. Este miércoles ha recibido el respaldo de sus compañeros y de representantes del Sindicato Médico, CSIF y UGT, que se han concentrado para condenar lo ocurrido y mostrar su repulsa, sin demasiadas esperanzas en que la Junta tenga en cuenta sus peticiones para disuadir estos hechos.
En concreto, reclaman que todos los centros de salud tengan vigilantes de seguridad durante el horario en el que permanezcan abiertos –en este caso no hay siquiera durante la mañana- y medidas administrativas con sanciones de tipo económicos para los agresores.
Tal y advierte el portavoz del Sindicato Médico en Atención Primaria, Juan Benjumeda, está comprobado que la presencia de guardias de seguridad en los centros disminuye e incluso llega a erradicar estos episodios, “aunque no los malos modos y falta de educación”. De igual manera, entienden también que fijar sanciones económicas a los agresores, contemplando incluso el traslado de centros, también puede funcionar, independientemente de que el código penal ya contemple penas de uno a cuatro años de cárcel en caso de agresiones a personal sanitario al estar tipificado como un delito de atención a la autoridad. “Son penas de prisión, pero vemos que por una cosa u otra no se cumplen, creemos que las sanciones administrativas de tipo económico pueden ser más rápidas”, concluye.
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