La portavoz del Ejecutivo andaluz, que insistió en que la reforma de la Administración es “necesaria” y que el Gobierno se ha mostrado “abierto” a mejorar el decreto, censuró la decisión de los sindicatos de funcionarios y plataformas de convocar una manifestación el 22 de enero y consideró “bastante lamentable” que opten por la protesta en lugar de elevar sus propuestas en el Parlamento, donde se está debatiendo.
Según Moreno, esta “radicalidad y politización no se tiene proporción con el contenido de esta norma” que se ha hecho de una forma “compatible” con el derecho de la ciudadanía a una Administración moderna y con los derechos de los funcionarios y empleados públicos.
Tras invitar a los funcionarios a “que miren” las reformas que están aplicando en Galicia o Murcia “que sí lesionan” los derechos de los trabajadores, consideró “minoritaria” la postura contraria de los funcionarios y les atribuyó a los que sí protestan una “clara intencionalidad política que trasciende el debate sobre los derechos de los funcionarios”.
Además, ante las críticas a determinados expedientes abiertos a funcionarios, señaló que la Junta ha mostrado una “enorme flexibilidad y tolerancia” cuyo límite ha estado “en el cumplimiento de los deberes” porque “no hemos querido crispar” frente a sectores “claramente politizados y con una clara intencionalidad de crítica, de censura y de ir simplemente contra el Gobierno”, mientras atribuyó los expedientes a “incumplimientos de la Ley”.
La postura contraria la mostraron ayer los sindicatos de funcionarios en el Parlamento, donde el presidente-coordinador del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), José Manuel Mateo, denunció que el decreto es un “coladero en la función pública para consolidar al personal de empresas, agencias y fundaciones de la Junta”.
Tanto el dirigente del Safja como la responsable de acción sindical de Ustea, Rocío Luna, reclamaron la derogación del decreto y reprocharon a la Junta que no lo haya negociado nada más que con la UGT y CCOO.
El responsable del Safja, que aclaró que es el segundo por representación en la mesa sectorial, responsabilizó de esta situación a la administración paralela creada por la Junta y en la que ha delegado funciones reservadas a los funcionarios.
Aseguró que “se pisotean los derechos de los funcionarios y de los ciudadanos” e indicó que sus “sospechas” se confirmaron cuando el BOJA publicó en diciembre el acuerdo con UGT y CCOO por el que tiene la consideración de empleado público todo el personal incluido en las nuevas agencias empresariales que se crean mediante dicho decreto.
Méritos del empleado público
Se preguntó en “virtud de qué méritos se le reconoce y considera empleado público a los trabajadores de empresas públicas de la Junta” que no han concurrido a las pruebas de acceso en la administración.
La representante del Ustea propuso como solución a este conflicto derogar este decreto y hacer una Ley de la Función Pública, así como limitar la reordenación al sector público empresarial, de forma que no se adscriba el personal de la administración general de la Junta a las nuevas agencias empresariales, aspecto que, dijo, es el que ha creado más confusión e incertidumbre.
Por último, la secretaria general del sindicato de funcionarios CSIF-A, Alicia Martos, pidió también la derogación del decreto y abogó por rebajar la “crispación” que existe entre los empleados públicos.
Martos consideró el decreto “inconstitucional, ilegal y perjudica los derechos” de los funcionarios y que supone “el mayor atentado contra el empleado público en la historia de este país”, advirtiendo que “refuerza la administración paralela” de la Junta, lo que ha hecho que estallara la “olla a presión que se vivía en la Junta desde hacía tiempo”.
“Hay que poner a dieta no a la administración general de la Junta, que ha venido vaciando, sino a la paralela, justo lo contrario de lo que se persigue con este decreto”, denunció, asegurando que se produce un trasvase de funciones a las agencias empresariales que se crean.
Precisó que CSIF defiende que se respeten los contratos firmados con los laborales, pero que se regularicen sus condiciones y se respete la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, recuperando las funciones “incautadas a los empleados públicos durante los últimos 25 años”.
Se dirigió al PP para hacerle saber que, si llegan al gobierno tras las elecciones, CSIF no va a cambiar “ni un milímetro” su postura en cuanto a los valores y principios que se deben respetar en el empleo público. También lanzó un mensaje a IU y le reprochó que “ayude al gobierno para sacar las castañas del fuego un poquito en vez de ayudarle a sacarlo del camino erróneo”.
Denuncian el enfrentamiento entre los trabajadores
CCOO y UGT denunciaron ayer en el Parlamento los “enfrentamientos” entre los empleados públicos de la Junta a raíz del decreto de reordenación del sector público, acordado con dichos sindicatos pero rechazado por una mayoría de trabajadores agrupada en plataformas y en otras centrales.
Dioniso Valverde, vicesecretario general de política institucional de UGT-A, y el adjunto a la secretaría general de CCOO-A, Rafael Aljama, pusieron ayer en valor el pacto alcanzado en octubre por ambas centrales con la Junta para la reordenación del sector público andaluz y censuraron la “manipulación tendenciosa” que se ha producido durante todo este proceso.
En este sentido, el representante de CCOO apuntó que este proceso ha contado con “muchos actores diferentes en su origen, pero con única intencionalidad” y ha desembocado, en algunos casos, en “enfrentamientos y amenazas” entre los propios trabajadores de la Junta y de las empresas y entes públicos.
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