Esta advertencia fue efectuada este lunes durante la presentación en el registro de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de la convocatoria de una manifestación para el 22 de enero, que discurrirá desde el palacio de San Telmo hasta el Parlamento de Andalucía, en la capital hispalense.
Los sindicatos convocantes de la manifestación del 22 de enero se han unido en un frente común y son CSIF-A, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, CGT-A, SAT, USO y Ustea. A estos se han sumado otras entidades, como la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA), entre otras.
Con esta manifestación, que lleva el lema ‘Por unos servicios públicos de calidad, no a la privatización’ y que se prevé “multitudinaria”, con cifras similares a los 50.000 manifestantes de la pasada movilización, se retoman las acciones de estos colectivos tras el parón navideño, tras lo que Sempere, que actuó como portavoz todos los sindicatos y plataformas, aseguró a Europa Press que “esta acción no será ni la última ni la única”, de forma que continuarán “reventando los actos públicos” convocados por la Junta y están estudiando convocar manifestaciones en Andalucía oriental, en concreto en Granada, y otra en la zona occidental, de nuevo en Sevilla.
En ese sentido, sobre las elecciones municipales, Sempere precisó que “la tranquilidad durante la campaña electoral dependerá de la Junta, de si finalmente hay derogación o no del decreto y se firma la paz social”.
“Son un poco trileros, presentando primero el decreto ley 5/2010 y después el 6/2010, cuando hay que sentarse con la mesa limpia y negociar desde cero”, agregó Sempere, para el que “el debate está en la calle y no estamos conformes con la forma que se han llevado las cosas”.
Asimismo, se mostraron “escépticos” sobre los resultados de la tramitación parlamentaria del decreto ley, toda vez que “no pensamos que estas comparecencias den fruto y no confiamos en lo que se vaya a aprobar en el Parlamento, por muchas enmiendas que se presenten, y el proceso no nos da ninguna confianza, ni para los sindicatos ni para las plataformas”, tras lo que expresó su “rechazo absoluto” a la forma de tramitación del decreto ley.
Represalias
“Queremos un proceso de reordenación serio y un estudio concienzudo y no de la forma en que se ha hecho”, agregó Sempere, quien lamentó las “represalias” que están sufriendo algunos empleados públicos, de forma que “están cerrando el cerco y nos están abriendo expedientes en los centros, de forma progresiva y no en todos los sitios igual e incluso han denunciado por la vía penal a cuatro trabajadores”.
Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, advirtió ayer al presidente andaluz, José Antonio Griñán, de que los funcionarios “no han caído en la trampa” que les han tendido con el decreto de reordenación del sector público, y que ha consistido, a su juicio, en “dilatar” su aprobación para tener “una campaña electoral tranquila”.
La portavoz popular señaló que el conflicto de la función pública “no se ha resuelto”, como lo prueba la nueva convocatoria de manifestación, y añadió que “retrasar el problema no resuelve el problema”. Tras apuntar que el decreto ha generado un “malestar social” en Andalucía, agregó que el presidente de la Junta ha podido comprobar que “los andaluces no somos tontos” y no se han dejado engañar “por esta trampa” de dilatar los plazos.
“Yo le pediría al PSOE y al Gobierno que se centre en los problemas de los ciudadanos porque aplazando los problemas ni engaña a nadie ni nadie va a caer en la trampa”, apuntó la dirigente del PP, quien insistió en reclamar a Griñán que “resuelva” los problemas de los andaluces.
Torres: Quienes piden la derogación del decreto buscan un puñado de votos
La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, aseguró ayer que “quienes piden la derogación del decreto de reordenación del sector público no quieren mejorar el decreto, sino arañar un puñado de votos y desgastar al Gobierno andaluz”.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Torres se refirió a la manifestación convocada para el próximo día 22 por sindicatos y plataformas de funcionarios y empleados públicos y dijo que “ahora no saldrán a la calle contra un decreto, porque se está tramitando como una ley”.
Torres recordó que “ahora los sindicatos que representan a los trabajadores tienen la oportunidad de trabajar en positivo”, durante la tramitación parlamentaria que prevé las comparecencias de los agentes sociales en la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara, a petición del Gobierno.
“Es el momento -dijo Torres- de que los sindicatos, asociaciones que representan a los ciudadanos y los partidos políticos puedan expresar lo que piensan sobre la ley en sede parlamentaria, donde reside la soberanía popular”.
Aunque dijo que “siempre estarán en su derecho de salir a la calle”, la presidenta del PSOE-A afirmó que “no hay ningún motivo para no darnos el tiempo necesario para poder hablar, para poder consensuar, para poder entre todos hacer un decreto, si es posible -y siempre es posible-, mejor que el que hemos puesto sobre la mesa”.
Además, resaltó que el Gobierno andaluz quiere “servir a los ciudadanos a través del servicio público que significan todos los que trabajan en la Junta” y hacerlo con “una administración más moderna, más eficaz y más austera”, que es el objetivo que persigue “lo que fue un decreto y ahora se va a tramitar como una ley en el Parlamento andaluz”.
El Parlamento acoge las comparecencias
Un total de nueve agentes sociales comparecerán este martes en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento para hacer una valoración y plantear sus demandas en relación con el decreto de reordenación del sector público andaluz, que se va a tramitar como proyecto de ley.
Las comparecencias se iniciarán por la mañana, a las 10,30 horas, con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a la que seguirán UGT-A, CCOO-A, CSI-F Andalucía, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea).
Por la tarde, a partir de las 16,00 horas, comparecerán la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA), la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), y la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua).
Pese a que el Reglamento de la Cámara autonómica señala que enero es “inhábil” en cuanto actividad parlamentaria, la Diputación Permanente del Parlamento decidió habilitar algunos días del mes para avanzar en la tramitación del proyecto de Ley de reordenación del sector público, al que se aplicará el trámite por urgencia.
Además, los días 24 y 25 la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administración Pública se reunirá para calificar y admitir a trámite, en su caso, las enmiendas parciales de los grupos al proyecto de Ley de reordenación del sector público, y los días 28 y 31, se emitirá el informe de la ponencia.
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