El Gobierno de Irán perpetró crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas que empezaron en septiembre de 2022, a raíz de la muerte en custodia de la joven Mahsa Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico, en una serie de actos que afectaron mayormente a mujeres, niños y minorías.
Así lo ha concluido la Misión de Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esclarecer lo ocurrido durante esos eventos y los meses que siguieron, y durante los cuales la represión se hizo más fuerte y generalizada.
Según cifras fidedignas citadas por el grupo investigador, hasta 551 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos al menos 49 mujeres y 68 menores de edad, la mayoría por disparos.
En su primer informe, que presenta este viernes ante la ONU, la Misión ha determinado que hubo ejecuciones extrajudiciales y homicidios, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, persecución por motivos de género y, en general, un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza.
La muerte de Amini, de 22 años y origen kurdo-iraní, desencadenó una ola de indignación entre las mujeres que salieron a las calles de todo el país en un hecho sin precedentes para reclamar sus derechos.
En sus indagaciones, la Misión constató que la persecución por motivos de género se entrecruzaba con la discriminación por motivos étnicos y religiosos en una serie de violaciones de los derechos humanos en los que el Gobierno iraní utilizó "todo el aparato de seguridad del Estado".
Sobre el caso de Amini, los expertos que forman la Misión pudieron determinar que la causa de su muerte fue la violencia física que sufrió durante su detención, lo que el gobierno buscó cubrir negando acceso a las evidencias y a la justicia para la víctima y sus deudos.
Acerca de la violencia para contener las protestas, el informe indica que las fuerzas de seguridad además de matar causaron lesiones injustificables a los manifestantes, en particular en el área de los ojos, con decenas de mujeres, hombres y niños que quedaron ciegos.
Durante las detenciones, las autoridades estatales torturaban a las víctimas para arrancarles confesiones o humillarlas y se encontraron casos de mujeres y niñas violadas en actos de tanta barbarie que incluían violación en grupo o con un objeto, electrocución de los genitales, desnudez forzada y tocamientos.
La Misión de investigación también descubrió que el gobierno había ejecutado arbitrariamente a al menos nueve jóvenes entre diciembre de 2022 y enero de 2024, tras juicios sumarios basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
Las investigaciones también han establecido que las autoridades al más alto nivel animaron y justificaron todas estas violaciones de los derechos humanos para apagar las protestas. Una de las estrategias que utilizaron fue presentar a los manifestantes como separatistas, agentes extranjeros o agitadores.
La Misión sostiene que "decenas de personas siguen en peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas" y ha pedido a las autoridades iraníes que ordenen que se detengan estas penas, y la liberación de todos los manifestantes, familiares o personas que expresaron apoyo al movimiento de protesta.
Ante la impunidad total que reina en Irán frente a estos hechos, la Misión de la ONU ha pedido a los países de la comunidad internacional que apliquen la jurisdicción universal en todos los delitos de lesa humanidad en cuestión.
Asimismo, les ha solicitado que otorguen protección a los iraníes, a través del estatus de refugiado o visados humanitarios cuando se trate de personas perseguidas en relación a las manifestaciones.
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