Así lo dijeron ayer en rueda de prensa Antonio Medina y Eduardo Rodríguez, dos empleados pertenecientes a CCOO de los cerca de cincuenta que están imputados en la causa, que investiga desde finales de 2005 el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco.
Los imputados consideran que en el referido informe pericial encargado por el Juzgado instructor se pone de manifiesto "una falta de rigor" en la metodología empleada, puesto que a pesar de tener a su disposición documentos que ampararían la actuación legal de algunos trabajadores, "opta por proponer una vía delictiva".
Los empleados implicados, que han lamentado la agravante que supone para su imagen la repercusión pública del informe, entienden que algunas de las conclusiones del documento son "inapropiadas" para una pericial "seria", a la que llegan a calificar de "arbitraria", "ofensiva" y "altamente tendenciosa".
Entre otros aspectos, señalan que en todo el informe no hay referencia alguna a los conteos de control realizados en la puerta de los Palacios Nazaríes del monumento, ni si ha utilizado ningún dato proveniente o contenidos en los mismos, además de que la investigación pericial "contradice" a lo afirmado por el Patronato.
Por otra parte, ponen de manifiesto que dado el volumen del supuesto fraude, que los trabajadores niegan en todo momento, no estiman "creíble" que -según el perito- en 50.900 ocasiones se hiciera creer al personal de informática que la impresión originaria de entradas había dado un error para así poder falsificarlas.
"Sólo nos queda la opción de que esta impresión fraudulenta se cometiera con la connivencia entre el personal de taquillas y el personal del centro de control", sostienen los empleados imputados, que aunque -como ha declarado en respuesta los periodistas- "no quieren echar el muerto" a taquilleros o informáticos, sí inciden en que ninguno de ellos ha declarado como testigos o como imputados.
Los imputados han asegurado, frente a lo que recoge el informe pericial, que no se produjo un mayor consumo de billetes que indicara la impresión fraudulenta de entradas y que tampoco se utilizaron billetes para imprimir entradas falsas "o impresas por un cauce paralelo".
Pese a que el perito cuantifica en 7,1 millones la cantidad que habría sido defraudada por el personal, han precisado que no se han encontrado anotaciones o cualquier evidencia o indicio que ponga de manifiesto el pago o compensación a los trabajadores de la Alhambra o a otros para que colaboraran para el supuesto acceso fraudulento.
Los trabajadores, que representan a la mayoría del más de medio centenar de imputados en el caso, han expresado además que se reservan el derecho a interponer contra el autor del informe pericial las acciones legales oportunas al considerar que se excede en valoraciones y que está hecho con el ánimo de dañarlos.
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