El Senado debate este miércoles por segunda vez la senda de déficit y deuda para el periodo 2024-2026, el último escollo normativo para la presentación de los Presupuestos, de manera que una vez superado este trámite y con independencia del resultado de la votación, el Gobierno podrá aprobar las cuentas.
El debate de este miércoles cierra los trámites previos a la elaboración de los Presupuestos -incluso aunque, como parece previsible, los objetivos sean rechazados por la mayoría absoluta del PP-, por lo que el calendario presupuestario dependerá ya únicamente del Gobierno y de su capacidad para recabar apoyos parlamentarios.
La intención del Ejecutivo es presentar las cuentas una vez que tenga ciertas garantías de que saldrán adelante, pero de momento no se ha dado a conocer ningún acuerdo político -ni siquiera con Sumar- a pesar de que se está negociando con todos los socios, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los Presupuestos de 2024 acumulan ya un importante retraso -deberían estar en vigor desde el 1 de enero- y aunque el Consejo de Ministros presentara el proyecto a mediados de marzo, serían necesarios unos tres meses para finalizar la tramitación parlamentaria.
La aprobación de las cuentas es fundamental para articular los fondos europeos, así como para incorporar medidas como la subida salarial de los empleados públicos -todavía pendiente- o los acuerdos económicos alcanzados con los socios parlamentarios en el marco de la negociación de la investidura.
Objetivos más exigentes para regiones y ayuntamientos
La senda de estabilidad que se debate este miércoles es idéntica a la que ya fue rechazada: el déficit público bajará este año al 3 % del PIB, cumpliendo las reglas fiscales europeas, al 2,7 % del PIB en 2025 y al 2,5 % en 2026. La deuda bajará al 106,3 % del PIB en 2024, al 105,4 % del PIB en 2025 y al 104,4 % del PIB en 2026.
El bloqueo de la senda abre un escenario inédito -cuando en 2018 el Senado rechazó la senda se recurrió a los últimos objetivos aprobados, pero ahora no los hay-, que de acuerdo a un informe no publicado de la Abogacía del Estado se resolverá aplicando los objetivos remitido a Bruselas en abril, que ya cuentan con el aval de la Comisión Europea.
Los objetivos de abril fijan la misma cifra de déficit público para este año que los que se debaten el miércoles, un 3 % del PIB, pero un reparto distinto, más exigente con comunidades autónomas (a las que pide equilibrio en lugar de una décima de déficit) y corporaciones locales (a las que pide dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).
Montero ha pedido esta semana al PP que no perjudique con su voto a las regiones donde gobierna con unos objetivos de déficit más estrictos, en especial porque algunas comunidades autónomas y ayuntamientos ya han aprobado sus presupuestos conforme a la nueva senda que será rechazada.
La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a un máximo histórico de 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, un 0,5 % más que en 2023.
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