Actualizado: 11:26 CET
Martes, 18/06/2019

Andalucía

El PSOE-A defiende el impuesto sobre la banca frente al Estado

Asegura que será positiva para que se facilite el crédito a empresas y familias, mientras el PP exige a la Junta su retirada porque ?sabe que es ilegal? y además generará más paro

  • La secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz
El PSOE-A defendió ayer la aplicación del impuesto a la banca andaluza que entrará en vigor el 1 de enero, una medida que el Ministerio de Política Territorial que preside Manuel Chaves ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) y que para los socialistas es “adecuada y sin ánimo recaudatorio”, aunque intentarán llegar a un acuerdo con el Gobierno al respecto.

El recurso presentado por el Ministerio de Manuel Chaves se basa en la invasión de competencias al afectar a bienes situados fuera de la comunidad, una opinión que no comparten ni la Junta ni los socialistas andaluces que creen que “no se produce la vulneración” de las competencias, aseguró ayer Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE-A.

La tasa, con la que la Junta espera recaudar unos 132 millones de euros en 2011, es una medida “adecuada y sin afán recaudatorio”, aseguró Díaz en rueda de prensa, en la que explicó que será “muy positiva” para que las entidades bancarias faciliten el crédito a las empresas y la familias.


La dirigente precisó que el recurso del Gobierno central “no supone una sorpresa”, teniendo en cuenta que en 2002 el Gobierno de José María Aznar recurrió también ante el TC una “medida exactamente igual” aprobada por la Junta de Extremadura sobre la que aún no hay decisión de este tribunal.

“Éramos conocedores de que el Gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero interpretaba, igual que en el caso de Extremadura, que este tributo podía vulnerar las competencias estatales”, detalló. La Junta y el PSOE-A esgrimen, sin embargo, que la medida es “adecuada para la situación económica en la que estamos inmersos y no vulnera” competencias estatales.

La número dos del PSOE andaluz concretó que el procedimiento de inconstitucionalidad permitirá convocar a la comisión bilateral de cooperación entre la Junta y el Gobierno, un órgano de negociación que “intentarán llegar a un acuerdo” sobre esta cuestión en el plazo máximo de seis meses que evite los tribunales.

De otro lado, lamentó la posición del PP-A por situarse “en contra” de este impuesto “justo para la mayoría” de los andaluces, y le reprochó que “no pierda la ocasión en pedir aquello que debilita lo que es de todos y en privilegiar a unos pocos”·

Por su parte, el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, pidió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que retire este impuesto y aseguró que el Ejecutivo andaluz “sabe que es una propuesta ilegal” y porque “solo genera más paro” .

“Ese afán recaudatorio no va a servir para crear empleo sino para mantener estructuras”, advirtió Tarno, quien
destacó también que el anuncio del Gobierno de que recurrirá la medida pone de manifiesto que Griñán y el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, “están a la gresca”.

Tras apuntar que “un PSOE dividido” no ayuda a arreglar los problemas de Andalucía, Tarno insistió en que el impuesto es “ilegal” y que el Gobierno andaluz “sabe que es ilegal”, pero achacó esta medida al “afán recaudatorio” del PSOE y a que este partido “vive en el cortoplacismo”.

Según Tarno, este impuesto, además de no ayudar a solucionar la crisis económica, al final no va a afectar a los bancos sino que van a ser los usuarios los que terminarán pagándolo.

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) considera que el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito aprobado en Andalucía es “inconstitucional” y cree que “prueba de esa posible inconstitucionalidad” es que el Gobierno central y la Junta “han acordado emprender negociaciones sobre esa norma” para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central contra la norma andaluza, según han fuentes de la AEB.

AEB ha recordado que como asociación “no está habilitada para presentar recurso de inconstitucionalidad” y han precisado que “se ha producido un acuerdo” entre Junta y Gobierno para entablar negociaciones formales, lo que “prorroga el plazo de tres a nueve meses para que el Gobierno central pueda presentar recurso, como hizo en su día con el impuesto extremeño”.

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