La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) atendió el pasado año a 1.638 personas migrantes, un 20% más que en 2022, en las cuatro oficinas Barbate-Janda (que recibe el apoyo de la Diputación de Cádiz), Chiclana (respaldada por el Ayuntamiento de la localidad), San Fernando (que tiene en riesgo la financiación para su continuidad) y Puerto Real (que ha sido apoyada por el Ayuntamiento de la Villa).
Por localidades, Puerto Real se sitúa a la cabeza, con 645, seguida por San Fernando (466), La Janda (340) y Chiclana (207).
De ellas, 464, el 28% de total, son de nacionalidad senegalesa, debido a la crisis política y social que desde hace dos años sacude ese país africano, el 18%, unas 295, de origen marroquí. El informe destaca también el incremento de las personas procedentes de Colombia y Honduras.
La población atendida es mayoritariamente joven, dado que el 85% tiene menos de 45 años y el 36% menos de 30 años, y mujer, con el 55%.
Amin Soussi, responsable del servicio junto a Concha García, ha explicado que a la pregunta a la que se enfrentan de forma reitera por parte de las personas migrantes en las oficinas de APDH-A es cómo resolver su situación de irregularidad.
La respuesta no es muy alentadora. Soussi ha lamentado que “no es posible una inmigración regular y ordenada” si las administraciones no cumplen la Ley de Extranjería de manera diligente, y ha advertido, por un lado, de que el problema se enfoca en las mafias, pero es igualmente grave por la maraña burocrática y ha recordado que entran más personas migrantes de “forma irregular por Barajas que en patera”.
En este sentido, ha indicado las trabas que han de salvar para legalizar su situación en España por arraigo social, en primer término, dilatando los tiempos establecidos para conseguirlo. La normativa obliga a acreditar tres años de estancia en el país y contar con un contrato indefinido, pero no resulta fácil porque los ayuntamientos tardan en elaborar los informes de inserción obligatorios y los empleadores no siempre cumplen, porque la contratación les obliga a desembolsar un mayor coste, dado que en muchos casos la relación laboral es informal.
A este respecto, García ha reclamado una mayor conciencia social por parte de empresarios y de aquellas personas particulares que cuentan con personas migrantes para los cuidados y las labores domésticas.
Soussi también ha advertido de la falta de colaboración por parte de los consulados y ha hablado de la existencia de prácticas corruptas en los mismos.
Y, finalmente, ha criticado duramente la figura del arraigo por formación, que permite la permanecer en España durante el periodo educativo, pero impide trabajar al mismo tiempo, ya que los beneficiarios no cuentan con colchón económico.
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