Hoffmann, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, ha sido el primero en declarar a petición de la Fiscalía, que ha optado en su estrategia por dejar a Roca para el último lugar de los cinco procesados que declararán por la "operación Crucero Banús".
En este primer bloque del juicio se trata de dirimir si se cometieron los delitos de blanqueo de capitales, fiscal y malversación de caudales públicos en relación con esa operación, por la que están acusados Hoffmann, Roca, el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y su hija Pilar, y el ex comisario Florencio San Agapito.
Aparentemente tranquilo durante su declaración, el abogado marbellí ha afirmado que Roca fue uno de los socios de la sociedad Lispag A.G., constituida mediante administradores fiduciarios en Suiza en octubre de 2001 para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús clasificada como comercial.
Ha reconocido que participó en la operación urbanística y que el convenio con la Corporación municipal para que la parcela pasase a residencial e incrementase su edificabilidad de 532 a 11.406 metros de techo se produjo el mismo día de la compra del terreno, pero ha precisado que la negociación venía de antes.
El imputado no ha explicado cómo se gestó el convenio debido a que era Román el que se encargaba de llevar las gestiones urbanísticas, aunque éste no le daba cuenta de las mismas, por lo que desconoce con quién trataba.
Ha asegurado que en aquellas fechas no mantuvo contacto directo con Roca ni con San Agapito, ambos con una participación en Lispag del 15 por ciento, tan sólo con el entonces promotor inmobiliario Pedro Román -que tenía el 62,5%-, que había adelantado el dinero de la participación de los otros dos.
El papel de Hoffmann fue "montar la estructura jurídica de la operación", mientras que Román se encargó de buscar los medios financieros, ha declarado el abogado, quien ha asegurado que conocía a Roca de "hola y adiós" y que no le consta que éste negociara el mencionado convenio.
En el mismo sentido, Hoffmann ha negado haber utilizado la supuesta influencia de Roca en el Ayuntamiento para lograr el incremento de edificabilidad del terreno que vendieron un año después -en 2002- por 10,4 millones al promotor granadino José Ávila Rojas, también imputado en esta causa.
El abogado ha admitido que fue apoderado de los fondos que Juan Antonio Roca tenía en una cuenta en Suiza, pero que no los administraba porque "eso lo hacía el banquero".
A preguntas de su defensa, Hoffmann ha dicho que no tenía ningún conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de Roca porque cree que en aquellas fechas "ni siquiera había sido imputado".
Tampoco cuestionó entonces que el ex asesor de Urbanismo de Marbella pudiera tener capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros en esta operación, según ha explicado.
Sobre la legalidad del convenio, ha añadido que no dudó de que se ajustara al planeamiento urbanístico porque en Marbella existía "un caos administrativo, que no legal", y en ese tiempo "se construía" en la ciudad y "los bancos financiaban".
El juicio por el "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se ha reanudado con la fase de declaraciones después de que el tribunal haya resuelto desestimar todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 95 procesados.
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