La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de un año y seis meses de prisión para el ex alcalde de la localidad sevillana de Écija, el que también fuera secretario general del Partido Andalucista (PA) Julián Álvarez, por un presunto delito contra la integridad moral de la directora de una residencia de ancianos del citado municipio, ya que, según el Ministerio Público, el acusado inició una campaña de "desprestigio" contra M. J. G. J. junto a otros tres dirigentes del PA en 2002 "llevados por el evidente ánimo de menoscabar su integridad moral, humillarla y poner en duda su honor".
El fiscal solicita además en su escrito de acusación, adelantado por la Cadena Ser y recogido por Europa Press, una misma pena de un año y seis meses de prisión para el que fuera teniente de alcalde de Écija Manuel Lazpiur, para el ex secretario de organización del PA Francisco Javier Fernández Franco y para la concejala María Teresa Chacón por ser "coautores" del delito contra la integridad moral.
En este sentido, el fiscal explica que M. J. G. J. ha desempeñado el cargo de directora de dicha residencia de ancianos de explotación municipal desde 1998 hasta la actualidad "pese a ser despedida del cargo en febrero de 2002 por presunta negligencia en el cuidado de los ancianos tras la caída accidental de uno de ellos". Tal despido fue declarado improcedente por sendas sentencias de 2002 y 2003, "lo que generó -a juicio del fiscal- un clima de crispación y enfrentamientos entre el Ayuntamiento de la localidad y los trabajadores de la residencia ante la voluntad del ente pública de adjudicar la misma a una empresa privada".
El fiscal prosigue que el 21 de marzo de 2002 el acusado Manuel Lazpiur manifestó en un pleno municipal "que se había iniciado una investigación que dio como resultado que se habían producido más de 30 caídas en el último año", si bien el Ministerio Público apunta que tal investigación "en ningún momento se llevó a cabo".
Así las cosas, Lazpiur nuevamente valoró la gestión de la denunciante, según se desprende del escrito de acusación, indicando que existían "indicios de irregularidad en el manejo de las cuentas corrientes y cartillas de ahorro de los residentes, en la disposición de fondos y traspaso de cantidades de cuentas anteriores a otras nuevas". Según el fiscal, Lazpiur dijo este a pesar de que "era conocedor de que ninguna investigación se había iniciado en este sentido".
Posteriormente, el 15 de abril de 2002, "y continuando con la campaña de desprestigio inicial", el acusado Francisco Javier Fernández supuestamente redactó una circular dirigida a los militantes del PA "en la que pedía públicamente responsabilidades a la directora de la residencia sacando a colación el hallazgo de 2.900 euros en una caja de zapatos encontrada en el centro", cuya procedencia había quedado "plenamente" justificada por uno de los trabajadores. No obstante, la Fiscalía sostiene que este inculpado afirmaba "rotundamente" que la sustracción de dinero era "práctica habitual".
Álvarez no hizo nada por evitarlo
Para el Ministerio Fiscal, durante la celebración de los plenos municipales, Julián Álvarez, "pese a tener a su alcance todos los medios necesarios para evitar los comentarios denigrantes y carentes de veracidad", supuestamente "no hizo nada por evitar tales conductas contribuyendo con su actuación a vejar y denigrar la integridad moral" de la denunciante.
Asimismo, el fiscal también entiende que la acusada María Teresa Chacón, que "tenía pleno conocimiento de la correcta actuación" de la directora de la residencia de ancianos "omitió toda la información que costaba en su poder permitiendo que continuaran vertiéndose infamias".
El Ministerio Público considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la integridad moral, de manera que pide un año y seis meses de cárcel para los cuatro acusados, para quienes reclama además el pago de una indemnización de 9.000 euros a la denunciante por los daños morales causados.
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