Así lo anunció ayer en rueda de prensa el consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, que ha dicho que estas cinco personas, todas trabajadores de Mercasevilla, estaban entre las 74 incluidas en el Expediente de Regulación de Empleo autorizado en noviembre de 2003 por su entonces delegado en Sevilla, Antonio Rivas, y "no cumplirían el requisito de edad" fijado en el acta de la resolución.
Estos cinco trabajadores tenían entonces "49 años y pico", aunque no alcanzaban los 50, que era la edad mínima establecida en dicho ERE para poder prejubilarse y que abarcaba hasta los 64 años, según el consejero, por lo que estaban "rozando el límite, pero no tenían derecho a acogerse" a él por no cumplir el requisito de edad.
Tras comparecer en la comisión parlamentaria de Empleo, Recio precisó que de esas cinco personas, "sólo tres tienen una póliza" a la que daba derecho este expediente, mientras que en los otros dos casos "no consta" que estuvieran en el protocolo que dio lugar a las pólizas de pago de prestaciones por el ERE de 2003 en Mercasevilla.
"Es una irregularidad" conforme al acuerdo suscrito, afirmó el consejero, que indicó que en relación al posterior ERE autorizado en 2007 no se ha detectado ninguna situación anómala más.
En el caso de estas cinco nuevas prejubilaciones presuntamente irregulares detectadas por los técnicos de la Consejería al concluir ayer el proceso de investigación interna abierto, Recio aseguró que ahora pasará toda la información a los servicios jurídicos de Empleo "para ver las acciones que se van a desarrollar".
Añadió que "ése es el siguiente paso" para que los servicios jurídicos de la Consejería digan "cómo proceder desde el punto de vista legal" y qué medidas van a adoptarse si hay "responsabilidades administrativas o de otro tipo", en un proceso en el que recalcó que va a poner "la máxima contundencia y transparencia".
La Consejería ya había anunciado, tras el proceso de investigación interna que había abierto en torno a los ERE de 2003 y 2007 en Mercasevilla, que había detectado irregularidades en dos casos de la lista de beneficiarios de esos dos expedientes.
Uno de ellos se refiere a la inclusión irregular en el ERE de 2003 de una viuda sevillana de 66 años que siempre fue ama de casa y nunca trabajó en esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla, y el otro es el de Antonio Garrido Santoyo, que era miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) y que nunca trabajó tampoco en Mercasevilla.
Las jubilaciones irregulares se han conocido en uno de los tres sumarios que hay abiertos del caso Mercasevilla, por las presuntas irregularidades y delitos societarios en esta compañía, con mayoría de capital público, que investiga el juzgado de instrucción 6 de Sevilla.
En esos sumarios están imputadas una quincena de personas y varios cargos políticos o de confianza como el ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del alcalde.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
