El texto que ahora se remite al Parlamento plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada, explicó la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera.
Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Junta, a título individual o agrupados por zonas, en los que quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan, según la consejera.
La futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar.
Otras líneas de actuación, que incluirá el Plan Director del Olivar, con seis años de vigencia, serán la concentración de la oferta a través del asociacionismo y el fomento de la calidad y promoción de las producciones. “Tenemos una gran debilidad y un problema estructural en la comercialización y la ley recoge medidas para paliarlo”, expuso Aguilera.
El proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Las medidas previstas en el Plan determinarán la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
El documento de planificación, elaborado con la participación de las organizaciones del sector, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías e incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación.
La aprobación del plan deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que estará integrado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones públicas y del sector y especialistas en la materia.
Por su parte, Asaja expresó ayer su rechazo al proyecto de Ley del Olivar y advirtió de que, si no se cambia en la tramitación parlamentaria, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Considera que está elaborado “al más puro estilo del despotismo ilustrado, pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos”.
Por su parte, UPA-A valoró que se hayan incluido las últimas modificaciones que plantearon y expresó su apoyo a la puesta en marcha de esta ley para afrontar los problemas del sector.
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