La batalla legal que enfrentan los exfranquiciados de Restalia contra el conglomerado de hostelería ha tomado un nuevo giro con la incorporación de pruebas adicionales que refuerzan su acusación principal: la inviabilidad del modelo de negocio propuesto por la empresa. Esta situación no solo ha tenido repercusiones en el mercado español, sino que se ha extendido a través de Europa y Latinoamérica, evidenciando un problema de escala internacional. Los demandantes han aprovechado el trámite de remisión del caso a la Audiencia Nacional para actualizar la cifra del presunto fraude, elevándola a más de 25 millones de euros y exponiendo un porcentaje alarmante de cierres de establecimientos en diversos países.
Concretamente, países como Bélgica, Francia, Italia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica han visto cómo las franquicias de Restalia, entre ellas reconocidas marcas como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) y Sureña, han tenido que cerrar sus puertas. Estos datos emergen de la documentación proporcionada por los denunciantes en lo que constituye una ampliación significativa de la denuncia inicial.
Según informa El País, a última actualización del caso incluye siete informes periciales que detallan el perjuicio económico infligido a siete franquiciados, ascendiendo a 5,34 millones de euros. Esta cifra, sumada a las evaluaciones previas y los daños estimados por otros seis denunciantes, sitúa el total del presunto fraude en 25,4 millones de euros. Los representantes legales de los exfranquiciados, pertenecientes a los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo, han señalado que esta estimación es aún provisional, anticipando la recepción de más informes periciales de otros afectados que deseen unirse a la causa.
La denuncia subraya las prácticas de "aperturas indiscriminadas" llevadas a cabo por Restalia, basadas en proyecciones económicas que prometían una rentabilidad distorsionada del negocio real. Estos anteproyectos no reflejaban los acuerdos con proveedores homologados, que otorgaban a Restalia condiciones más favorables en la compra de productos, beneficios que no se trasladaban a los franquiciados y que contribuían al elevado número de cierres.
El desglose de cierres en España es particularmente revelador: de 131 establecimientos Sureña, 86 han cerrado; de 174 TGB, 89 ya no operan; y de 11 Pepe Taco, seis han sido clausurados. La situación es igualmente grave en Italia y Francia, donde la presencia de 100 Montaditos se ha reducido drásticamente. En el lado americano, la práctica totalidad de los 100 Montaditos en Ecuador, Chile, Colombia, México y Costa Rica han desaparecido.
Los exfranquiciados, más allá de las pérdidas económicas, han enfrentado severas consecuencias personales, con algunos perdiendo prácticamente todo su patrimonio. En respuesta, Restalia se ha armado para una "intensa batalla legal", contratando a destacados despachos de abogados y consultoras para defenderse de las acusaciones.
Como estrategia de visibilización, los exfranquiciados consideran la posibilidad de organizar concentraciones y buscar la atención de medios internacionales, con el objetivo de amplificar su caso. La causa, inicialmente desestimada por el juez instructor, ha encontrado un nuevo camino en la Audiencia Nacional, gracias a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir el caso, subrayando la gravedad y el alcance internacional del presunto fraude.
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