Un juez de de Vera ha archivado y sobreseído la causa abierta contra la exalcaldesa de Garrucha (Almería), María López Cervantes (PSOE), por presuntos delitos de falsedad, contra la administración pública y malversación por el uso irregular de tarjetas de combustible.
En un auto, consultado por EFE, el juez recuerda que se abrieron diligencias previas contra la exregidora y el secretario municipal tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal del Ayuntamiento de Garrucha Álvaro Ramos, en la actualidad en el equipo de gobierno como socio del PP, motivo por el que fue expulsado de IU.
En dicha denuncia, el edil exponía una serie de presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas de combustible asociadas a los vehículos de titularidad del consistorio garruchero, entre las que incluía “el repostaje excesivo de combustible” por facturar cantidades superiores a la capacidad de los depósitos de los vehículos asociados, etc.
Como ejemplo, el edil señalaba que una barredora con un depósito de 40 litros tuvo asignada dos tarjetas en las que se facturaban repostajes que excedían dicha capacidad, y también presentaba el cas de otro automóvil que presuntamente realizaba repostajes “en puntos geográficos lejanos del término municipal sin justificación aparente”.
Se encargó la realización de dos informes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y, del resultado de los mismos, se desprende que “no es posible determinar la existencia de indicios de comisión delictiva ni tampoco, de existir delito, la identidad de los presuntos responsables”.
Esto se debe, según el juez, a que las tarjetas de combustible se asignaban a vehículos y no a personas, así como que estaban a disposición de un número indeterminado de éstas.
“Del último informe emitido por la Policía Judicial se desprende la imposibilidad de concretar irregularidades relevantes en el uso de las tarjetas de combustible, y si bien si se aprecia una falta de control y fiscalización de gastos, entiendo, adhiriéndome a lo manifestado el Ministerio Fiscal en su informe, que tal falta ha de quedar en el ámbito del ilícito administrativo, en su caso”, añade.
El juez apostilla que, además, el transcurso del tiempo impide, a su vez, la posibilidad de acordar diligencias de investigación “útiles” para esclarecer los hechos, a lo que se une la citada imposibilidad de identificar a las personas que utilizaron las tarjetas de combustible.
Por ello, se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, si bien da un plazo de tres y cinco días para presentar un recurso de reforma o de apelación, respectivamente, a la Fiscalía y al denunciante.
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