Pastrana planteó que “aunque algunos miembros del Gobierno y otras voces plantean que no ha sido tanto, el acuerdo de UGT y CCOO supone cambiar absolutamente lo establecido antes en relación a los funcionarios, al personal laboral y al personal de las administraciones públicas”.
Según el responsable de UGT-A, “no hay más que hacer una mera lectura objetiva de un decreto y otro en esos aspectos” para ver que no tienen “absolutamente nada que ver”, ya que el nuevo texto “supone el blindaje para que las agencias no puedan realizar actos administrativos que no estén hechos por los propios funcionarios”, explicó.
Insistió en que el decreto supone que los trabajadores de la administración instrumental que van a pasar a las agencias para poder ser empleados públicos “lo tendrán que hacer por oposición libre, sin ningún tipo de ‘mochila’ que les permita tener ventajas sobre otros trabajadores que no hayan estado trabajando ahí”.
Quiso aclarar que el decreto se refiere “expresamente” a los trabajadores procedentes de la administración instrumental, y no a los interinos de sanidad o educación, “por aquello que siempre se ha dicho de que se pretende colar a la gente por no sé qué puerta”, matizó.
“Comprendo que al Gobierno le cueste reconocer que el cambio del decreto es tan profundo -dijo Pastrana-, pero es que supone la definición de un modelo, porque toda la administración instrumental generada a lo largo de los últimos 25 años en Andalucía quedará integrada dentro del nuevo modelo de administración que define el propio decreto”.
Por su parte, IU planteará en el Parlamento una modificación del decreto-ley del sector público que pide limitar de los directores generales hacia arriba los “nombramientos a dedo” en la administración andaluza, anunció ayer Pedro Vaquero, portavoz de Economía.
Vaquero explicó que la pretensión de las enmiendas de su grupo al decreto es “independizar y profesionalizar” la función pública andaluza, así como incidir en lo que ha denominado como la “prelación” en las agencias públicas.
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