Moreno, que compareció tras la aprobación en Consejo de Gobierno del nuevo decreto que incorpora las modificaciones acordadas en la Mesa general de la Función Pública, reconoció ayer que cuando aprobaron el decreto inicial, que señaló que era “inocuo para los derechos de los trabajadores”, no podían pensar “que se derivaría una polémica tan intensa”, que achacó también a causas externas como la urgencia tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la huelga general y la decisión del Gobierno central de recortar los salarios a los funcionarios.
Apuntó que el Gobierno andaluz se ha tenido “que ir adaptando” y “cambiar las formas” ante el nivel de “contaminación, intoxicación y excesos”, entre los que incluyó la querella penal contra el presidente andaluz y los miembros de su Gobierno que acaba de archivar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al considerar que no hay razón para imputarles un delito de esa naturaleza al estar realizando un acto legislativo para el que tienen plena capacidad.
Moreno no quiso aceptar que pudiera considerarse una rectificación porque el contenido del decreto se mantiene. “Decir que lo hemos hecho todo bien sería absurdo”, decía, apuntando que “nos hemos movido”. “Rectificar, si se dice del fondo, no, en el cauce y la forma, sí”, puntualizaba.
Además, señalaba que la tramitación parlamentaria del decreto se ha decidido por “razones de oportunidad social y política”, reconociendo que aunque no saben si cesarán las protestas, “la mayoría va a apreciar que se abra un debate”. “No nos preocupa que un sindicatos esté en contra de un decreto, no sería ni la primera ni la última vez, lo que nos preocupa es que no están convencidos y el malestar y el clima entre los propios trabajadores que queremos atajar con el debate”, comentaba.
Según señaló, los funcionarios y los empleados públicos tendrán la oportunidad de seguir un debate “con serenidad e información” en el que los propios sindicatos podrán plantear “qué artículo quieren cambiar y qué es lo que pondrían”, apuntando que CSIF -el sindicato de funcionarios- “no debió abandonar hasta agotar los mecanismos de diálogo y democráticos y luego votar en contra”, en referencia a su abandono de la Mesa general de la Función Pública en la que se aprobaron las modificaciones.
“No sabemos cuáles son las propuestas de CSIF que no sean las que se han introducido”, lamentando la “nebulosa de acusaciones e interpretaciones” que han llevado a una “agresividad” que no beneficia a la función pública, apuntaba.
Como oportunidad política, Moreno señalaba que es el momento para que la oposición, especialmente el PP, de a conocer su alternativa, porque están aportando “argumentos que no tienen nada que ver con el decreto sino con el modelo de función pública”. Así, invitó a Javier Arenas, presidente del PP-A, a exponer su alternativa y “que no se le vaya la fuerza en los correos anónimos”, apuntando que sería una “flaqueza y debilidad” que no se atreviera a decir cuál es su modelo cuando lleva años pidiendo la reforma de la Administración.
Dejó claro que, aunque el decreto entre en vigor tras su aprobación, las modificaciones que se aprueben en el Parlamento son de “imperativo legal” pero “qué nos digan qué artículo y qué alternativa quieren, estamos deseándolo”, afirmando que “no valen ni enchufismo, ni privatizaciones, ni soflamas”.
Sentenció que “nadie con el decreto en la mano puede decir que cambia la relación laboral de ningún empleado público, no es cierto que nadie entre por la puerta de atrás ni que entren si oposición, ningún artículo pone eso”.
CSIF y la plataforma de funcionarios creen que es “una mera formalidad”
El sindicato CSIF y la plataforma de empleados públicos “Defiendo mi derecho” creen que la decisión de la Junta de cambiar la tramitación del decreto-ley de reordenación del sector público para que haya debate en el Parlamento es una “mera formalidad que no afecta al contenido”.
Fuentes del CSIF han sostenido que dicho cambio de tramitación -acordado hoy por el Consejo de Gobierno- “no es un paso atrás” sino simplemente “un cambio de forma para meterlo en el debate parlamentario, pero que no afecta al contenido y ni a la agresión y conculcación de derechos” que supone el decreto.
“Al empleado público le da igual cómo se tramite” el decreto, lo que quiere es que se ponga el contador a cero para negociar una reordenación del sector público, han indicado.
Fuentes de la plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública” han insistido en que se debe derogar el decreto, si bien han valorado que se cuente con las instituciones legalmente establecidas para tramitarlo.
El PP dice que solo busca lavar la cara y parar protestas
El PP aseguró ayer que tiene la impresión de que el Gobierno no pretende rectificar el decreto de reordenación del sector público empresarial andaluz sino proceder a un “lavado de cara” con el objetivo de “parar” las críticas “diarias y constantes” de miles de funcionarios de la comunidad.
En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, señaló que su partido “estudiará en profundidad” los cambios que va a introducir el Gobierno andaluz en el decreto y su tramitación como proyecto de ley, pero insistió en que lo que debería hacer es “dialogar con todos”.
Según el dirigente popular, lo que está ocurriendo en los últimos meses respecto a este decreto “parece una sucesión de mentiras” por parte del Gobierno andaluz, al que le reprochó no haber querido reconocer “la falta de diálogo” previamente, por lo que quizá lo mejor que debería hacer es “suprimirlo”.
Tras apuntar que tiene la impresión de que el Gobierno andaluz “no está escuchando a la calle”, el dirigente del PP cree que “sería bueno” que el próximo decreto ley llegara al Parlamento “negociado y consensuado” con todo el sector público andaluz para el “diálogo sea el eje” de la norma que recoja esta reordenación.
Por su parte, Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, indicó que la llegada del decreto al Parlamento supondrá la apertura de una “fase de transparencia”, en la que “van a quedar despejadas las demagogias, las mentiras y falsedades que se han arrojado de manera interesada por PP e IU y que han aportado muy poco a la tranquilidad de los trabajadores”.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado las diligencias abiertas en relación con la querella del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los miembros del Gobierno autonómico por un presunto delito de “prevaricación administrativa”.
La decisión ha sido tomada por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA en referencia a la denuncia por la aprobación del decreto ley de medidas urgentes para la reordenación del sector público.
En un auto, dictado el pasado día 16 y facilitado a los medios de comunicación por la Junta, el alto tribunal acuerda archivar las diligencias “al no existir indicio alguno que permita estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito” y tampoco estima procedente elevar el caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como solicitaba el sindicato querellante.
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