El Ministerio de Trabajo abrirá este lunes la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para abordar la reforma del subsidio de desempleo, que decayó en enero con los votos en contra de PP, Vox y Podemos, y que ahora quiere mejorar con las aportaciones de los agentes sociales.
La intención de Trabajo es abordar esta reforma partiendo del texto tumbado por el Congreso.
El decreto ley inicial extendía el subsidio a colectivos hasta ahora exentos como los menores de 45 años sin cargas familiares y elevaba su cuantía de 480 a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.
Sin embargo, la reforma recortaba la sobrecotización a la Seguridad Social del subsidio para los mayores de 52 años, introducida en 2019 con el objetivo de evitar que este colectivo viera especialmente dañada su futura pensión.
Este punto fue el que provocó el voto en contra de los cinco diputados de Podemos y decantó la balanza a favor del no.
Desde Trabajo abogan por mantener un esquema que se logró consensuar en el seno del Gobierno tras muchos meses de negociaciones con el Ministerio de Economía aunque están abiertos a escuchar e introducir propuestas de mejora de los agentes sociales.
Sobre la duración de esta mesa, el secretario de estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, señaló que no hay plazos prefijados pero que debería ser "ágil" y "no demorarse demasiado" porque ya hay un texto sobre el que trabajar y poder incorporar consideraciones de sindicatos y patronal.
"El diálogo social funciona mal con plazos rígidos", ha incidido.
Una reforma vinculada a los fondos europeos
La primera normativa sobre la reforma no pasó formalmente por la mesa del diálogo social por los plazos ajustados para aprobarla aunque sí se mantuvieron conversaciones e intercambios sobre el tema con patronal y sindicatos.
Tras el revés en el Congreso, el Gobierno tiene en principio dos meses para volver a aprobar esta reforma, un cambio ligado al cuarto desembolso de fondos de recuperación europeos por importe de 10.021 millones de euros, pago que podría ponerse en riesgo si finalmente se retrasa.
No obstante, también se podría dar más tiempo a España y alargar ese plazo por encima de tres meses, porque en principio las reglas comunitarias lo permiten si hay acuerdo con el país en cuestión.
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