González reivindicó la importancia de esta ley dado el aumento de la demanda de asistencia social que genera la crisis. Esta ley, vigente ya en varias comunidades, resultaría crucial para la exclusión social pues, entre sus principales elementos, incluiría la prestación de un salario social, denominado renta mínima de inserción, que garantizaría unos ingresos mínimos a todas las personas en riesgo o situación de exclusión social.
Explicó ayer, a preguntas de los periodistas, que un 70% de las personas en exclusión social carece de cualquier tipo de ingresos, lo que dificulta las posibilidad de reinserción. Otro aspecto relevante de esta ley es que fomentaría la coordinación entre las diferentes y numerosas administraciones relacionadas con la inclusión social y favorecería un tratamiento conjunto de este problema, un elemento que la responsable de Cáritas en Andalucía cree trascendental para el éxito de las políticas de inserción.
Según destacaron los directivos de Cáritas durante la presentación de la Campaña de las Personas sin Hogar, la crisis está generando nuevos colectivos de personas sin hogar, como parados que han perdido sus prestaciones de desempleo, temporeros sin trabajo e inmigrantes.
Además de estos nuevos demandantes, Cáritas ha detectado otros fenómenos de exclusión social como el aumento del hacinamiento severo y de la ocupación de viviendas vacías, así como las crecientes dificultades de muchos inmigrantes para poder renovar sus permisos de residencia o de trabajo.
González destacó que una persona sin hogar se coloca “en un riesgo severo de exclusión social” y advirtió de que “lo más duro está por venir”, cuando se agoten las prestaciones por desempleo y los ahorros de los colectivos en riesgo de exclusión social.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
