La aprobación de este nuevo decreto, que se tramitará como ley en el Parlamento, fue anunciada ayer por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tras reunirse con los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana.
“Quiero que con luz y taquígrafos se ponga blanco sobre negro a través de las enmiendas y del debate público cuál es la posición de cada uno de los grupos, porque la oposición está manipulando, singularmente el PP, transmitiendo a la opinión pública falsedades que no están en el decreto”, dijo la consejera.
Explicó que esta actuación “permite acelerar el proceso de aplicación del decreto, en el que ya estamos, puesto que mejora la eficacia jurídica del instrumento legal que utilizamos y permite, con mayor rapidez, que quede blanco sobre negro lo acordado en la mesa general de la función pública y la hoja de ruta pactada con UGT y CCOO”.
La consejera, que resaltó que el decreto “no va a privatizar ningún servicio público y no va a meter a ningún enchufado”, considera que la tramitación como ley en el Parlamento, acordada con los sindicatos, permitirá “desenmascarar frente a la opinión pública todo este tipo de falsedades”.
Recordó que había mostrado su “flexibilidad y apertura mental” para modificar aspectos que estaban “generando dudas” en el decreto anterior, que, según explicó, “no se deroga” y “no pierde su eficacia”, ya que se modifica solo el contenido de la disposición adicional cuarta en los aspectos de personal para incorporar los acuerdos con los sindicatos.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, afirmó que una vez que se apruebe el decreto hoy se va a presentar a los empleados públicos “el mejor modelo de administración pública que en estos momentos hay en este país” y exigió a todos los partidos políticos que se pronuncien en el debate que se va a abrir.
Así, anunció que UGT y CCOO van a emplazar a todos los partidos a una reunión para abordar este asunto, “de tal manera que en el debate parlamentario las organizaciones sindicales tengamos claro con quién vamos a poder contar para que se garantice en un futuro el modelo de administración que queremos”.
Resaltó que “más allá de actitudes agresivas, amenazantes y de boicot”, las organizaciones sindicales trabajan en función de lo que representan y recordó que la mesa general de la función pública está formada por UGT, CCOO y CSIF “por decisión de los empleados públicos en sus elecciones” por lo que “no es algo discutible ni negociable, es la ley”.
Carbonero dijo que le parece “un paso importante” en la transparencia sobre el modelo de función pública que “tenga debate propio” en el Parlamento, que vigilarán para que “no haya desvíos hacia una gestión de lo público que no lo preserve en el futuro”.
Recordó “a los que quieren instrumentalizar” que “una cosa es el diálogo con todo el mundo y otra el respeto a las normas democráticas” y preguntó al presidente del PP-A, Javier Arenas, si cuando era ministro de Trabajo “se reunía con 500 organizaciones o con CCOO y UGT”, que son los que tienen “la legitimidad de las urnas”.
Por su parte, la responsable del sector autonómico de la Administración General de la Junta de CSIF-A, Alicia Martos, considera “un mero blanqueo de formas” el nuevo decreto ley y que “no resuelve ninguno de los problemas de los empleados públicos”.
Martos indicó que “esta nueva formalidad” para tramitar el acuerdo con CCOO y UGT sobre reordenación del sector público vía proyecto de ley y no vía enmiendas a los presupuestos de la Junta “no resuelve nada ni modifica nada a efectos prácticos, no se subsanan ninguna de las polémicas”.
En ese sentido, apuntó que “no se modifica el fondo de la polémica generada por el decreto ley aprobado en julio, cuyo descontento muestran día a día los empleados públicos”.
El PP insiste en derogar e IU cree que Griñán ha cedido a la presión
La oposición andaluza ha reaccionado de forma diferente a la decisión del Gobierno andaluz de tramitar como proyecto de Ley las modificaciones a los aspectos laborales del decreto sobre el sector pública. Así, mientras el PP insiste en que se debe derogar el decreto, IU considera que el presidente andaluz ha cedido ante las presiones políticas y sindicales, hecho que el PSOE niega.
Así, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que presentarán una enmienda a los presupuestos andaluces del 2011 que pide la derogación del decreto ley, apuntando que “el PP quiere que el Gobierno andaluz y el PSOE se fotografíen, se retraten con los trabajadores de la función pública”, retándoles a votar esa enmienda porque el PP “ha sido claro desde el primer momento” en esta materia.
Según dijo, en este asunto es necesario “empezar de nuevo, de cero”, y que el Gobierno andaluz “dialogue” con todos los sindicatos y llegue a “consensuar” una medida que garantice los derechos del personal del sector público, al tiempo que pidió al Ejecutivo que “deje de insultar” a los funcionarios. Advirtió al PSOE de que “debe tomar buena nota de la calle” porque un partido que “no quiere oír el clamor de la calle” es una formación “con un pie en la oposición”.
“Ya está bien de mentir, de engañar y de manipular”, señaló el dirigente del PP, quien aseguró que en Andalucía “solo hay un gobierno y un partido” que privatiza “todo” en la comunidad, y una prueba de ello son los propios presupuestos que ha elaborado el Gobierno andaluz para el 2011.
Por su parte, el coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, se congratuló ayer de la “rectificación” del “error” del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre el decreto del sector público, una decisión que “llega con retraso” y que achacó a la “fuerte presión política y sindical”.
“Nos alegramos, aunque venga con cuatro meses de retraso”, manifestó Valderas en rueda de prensa, en la que recordó que su grupo exigió en julio al Gobierno andaluz que tramitará el decreto como proyecto de ley.
Sostuvo que “no cabe” ninguna duda de que la decisión del presidente Griñán responde a la “fuerte presión política y sindical”, al tiempo que insistió en que el primer decreto-ley elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública “era un bodrio, judicialmente cuestionable”.
Censuró al Ejecutivo andaluz que “no haya estado antes interesado” en alcanzar un acuerdo sindical y político para sacar adelante el decreto-ley, y adelantó que su formación planteará más cambios en la tramitación del proyecto de ley.
“Que cada cual plantee su modelo y ya veremos cómo ha habido grupos con grandes contradicciones, fundamentalmente en el terreno de la privatización, que no podemos compartir”, afirmó Valderas.
Mientras, el portavoz socialista, Mario Jiménez, negaba ayer que el Gobierno andaluz haya rectificado su posición y situó el debate sobre el decreto en el objetivo de que “todo el mundo se retrate”.
Así lo aseguró ayer en rueda de prensa Jiménez, quien admitió que se enteró ayer por la mañana de los nuevos planes del Gobierno andaluz, pero recalcó que el decreto “no se ha retirado”.
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