“El decreto ya está en vigor”, sentenció ante los periodistas la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien lamentó “muchísimo” la actitud de CSIF por no ser “razonable”.
“Me congratula haber podido, después de una negociación que ha tenido algunas dificultades, llegar a un acuerdo con las dos fuerzas mayoritarias que legitiman plenamente el acuerdo que veníamos a plantear, con alguna modificación que hemos aceptado”, explicó Martínez Aguayo.
La reunión duró algo más de dos horas y se celebró en el edificio Torre Triana de Sevilla, sede de la Consejería de Hacienda, en cuyas puertas se concentraron decenas de funcionarios para exigir la derogación del decreto.
La presencia de los manifestantes provocó que agentes de la Policía Nacional tuvieran que escoltar a los participantes de la mesa negociadora y a los periodistas.
A este respecto, la consejera confió en que los funcionarios “de buena fe” que “sufren incertidumbre” entiendan “que están siendo objeto de una manipulación” una vez que comprueben “las pretensiones de la Junta”.
El acuerdo para modificar el decreto ley se publicará “de forma inmediata” en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se elevará a las enmiendas que se presenten a la Ley de Presupuestos de la Junta para 2011, de forma que, según indicó Martínez Aguayo, “los estatutos de los diferentes organismos de la Junta incorporarán plenamente los acuerdos adoptados en esta mesa y esos acuerdos se cumplirán a rajatabla”.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la CSIF, Rafael Gavilán, justificó el abandono de la mesa negociadora por ser un foro “ilegítimo”.
“Si hay que hablar sobre la reordenación del sector público que se haga en la mesa sectorial”, ha apuntado, y aseguró que CSIF está “dispuesto” a negociar la reordenación del sector público “desde cero”, y “nunca desde un decreto impuesto”.
Tras apuntar que el decreto implica “un proceso encubierto de privatización de los entes públicos” y recordar que CSIF lo tiene recurrido ante el TSJA, Gavilán anunció futuras movilizaciones de protesta, entre las que se incluye la organización de una cadena humana alrededor del Palacio de San Telmo.
Por su parte, los representantes de UGT y CCOO -Antonio Tirado y Felipe Falcó, respectivamente-, se mostraron “satisfechos” por la conclusión de la negociación, en la que han podido incluir “pequeñas modificaciones” al decreto.
Moratoria para negociar
Entre éstas, señalaron como un “logro” la consecución de una moratoria por parte de la Junta para negociar con más tiempo los protocolos de cada una de las nuevas agencias, así como que al personal laboral que se integre obligatoriamente en una agencia especial siempre esté vinculado a la Administración General de la Junta.
Falcó apuntó que con la moratoria para negociar los protocolos de integración en los nuevos organismos, “se relaja en su aplicación el decreto ley y se pacificará el asunto”, de modo que se puedan elaborar “en los primeros meses de 2011, caso por caso”.
Preguntado por si, tal y como anunció el miércoles el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, este sindicato ha planteado en la mesa que se eliminen los concursos oposición y se convoquen oposiciones libres, Tirado negó que se haya tratado dicho tema y apuntó que “Manolo también se equivoca, como todo ser humano”.
Griñán ve imprescindible al funcionario y dice que el PSOE es quien lo defiende
El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, calificó ayer de “imprescindible” al funcionario público cuya defensa “siempre la hace el PSOE”.
Griñán participó en la presentación de Juan Antonio Millán como candidato a la Alcaldía de Cartaya (Huelva) entre las protestas de los funcionarios, con pitos y abucheos prolongados durante todo el acto.
Durante su intervención, y tras precisar que “me debo a Andalucía, también a los que gritan”, indicó que los empleados públicos son “gente valiosísima” que “han asumido sacrificios, como la bajada de sueldos, con entereza” y cuando reclaman algo “lo hacen hablando no gritando”.
Apuntó que el PSOE es “el que hace la defensa del funcionario” frente a la derecha que “no necesita al empleado público” al apostar por “la privatización y externalización” de los servicios. “Con nosotros los funcionarios tienen carrera profesional y defensa, con el PP no, lo veréis en Valencia, en Madrid y en Galicia”, precisó.
Griñán considera que las reformas son “necesarias” para salir de la crisis, “tenemos que estar juntos y salir de la crisis haciendo reformas” y no “adelgazando el Estado del Bienestar como pretenden algunos”.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, instó ayer a la Junta a que llegue a un acuerdo “definitivo” con los sindicatos sobre el decreto y acabe ya con el “desprecio” de la administración autonómica hacia los funcionarios y empleados que trabajan en ella.
Arenas consideró “imprescindible” la derogación de este decreto, que ha “incendiado” la administración andaluza, y dijo que así lo exigirán en el Parlamento de Andalucía.
Consideró “incompatible” que la consejera de Hacienda asuma esa responsabilidad mientras “acusa a los funcionarios de desprestigiar a la administración y al sector público”.
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