Martínez Aguayo participó ayer en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, un día antes de hoy se reúna la Mesa general de la Función Pública, en la que están representados CCOO, UGT y CSIF, en la que la Junta llega con la “voluntad de aclarar” todos los aspectos laborales del decreto Ley, que serán después abordados en todas las mesas sectoriales que se precisen, aunque, reiteró, que “en ningún caso” se va a retirar el documento ni se va a someter a discusión la nueva estructura de la Administración, que es “potestad del Gobierno”.
La consejera insistió en varios momentos en que el decreto “no altera la condición de ningún empleado público” ni tampoco el sistema de acceso como funcionario (oposiciones) o laboral (según el proceso de selección establecido), y apuntó, ante las acusaciones de enchufismo realizadas por los propios convocantes de la manifestación del pasado sábado, que “forma parte de esa siembra de desconfianza hacia los empleados públicos para prepararse el terreno de una manera negativa, de una campaña de desprestigio”.
“Basta ya de desprestigiar a los empleados públicos, de manipulaciones”, decía la consejera, que criticó que se esté descalificando al empleado público según sea su procedencia, separando entre funcionarios y laborales, cuando todos prestan sus servicios en la misma Administración, sede el que trabaja en el Infoca al que valora la dependencia.
“No se privatiza nada, no se alteran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, ni se merman sus derechos. Ni los laborales pasan a funcionarios ni se hacen fijos a los laborales ni habrá alteración de las normas” de acceso u oposición, apuntaba.
Achacó el “malestar general del funcionariado” a la disminución de sus retribuciones y a la “reducción importante” de la paga extraordinaria de Navidad, aunque confió en que “los miedos irán decayendo” con la reunión de la Mesa de la Función Pública.
La consejera avanzó que acudirá a la reunión para “escuchar” las propuestas de los sindicatos y para modificar los “flecos” que asume han podido causar “miedos y recelos”, como es la voluntariedad de aquellos funcionarios y laborales que pasen a las agencias, la valoración de los servicios prestados, la carrera profesional o la consolidación del sector público. “No prejuzgo la posición de la mesa”, decía para incluso apuntar que en la negociación se aclarará si retrasan o no la aplicación del decreto ley.
También quiso dejar claro que no contemplan realizar despidos en la Administración pública, por su apuesta por consolidar lo público con servicios de calidad más eficientes y cercanos, apuntando que “sí está en la cabeza” del PP porque lo han manifestado sus dirigentes allí donde gobiernan, como en Galicia, mientras aquí nadan “en río revuelto para desprestigiar lo público”.
UGT defiende las oposiciones libres y suprimir el concurso oposición
Los sindicatos plantearán hoy en la mesa general de la función pública que a partir de ahora en la Junta sólo se convoquen oposiciones libres a las que puedan acceder los ciudadanos en las mismas condiciones y eliminar los concursos oposición en los que se valoran los servicios prestados.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, avanzó esta propuesta en declaraciones a los periodistas antes de participar en unas jornadas sobre el sector aeronáutico y confió en que el gobierno andaluz la acepte.
Defendió la idea de que las oposiciones para acceder a la Junta de Andalucía sean libres, de forma que cualquier ciudadano que haya trabajado antes o no en la Junta o en otras administraciones esté en las mismas condiciones que otro, y que se elimine el concurso oposición en el que cuentan los servicios prestados.
Esto servirá para acabar con algo que ocurre desde hace muchos años y que ha llevado a firmar acuerdos de estabilidad para el personal interino y eventual y a convocar concurso oposición con ventaja para los que han trabajado antes frente a los que optan a una plaza de empleo público por primera vez.
El responsable de UGT-A defendió la representatividad de UGT y CCOO para negociar en la mesa de la función pública porque juntos representan al 75% de los empleados públicos de la Junta, incluidos los afectados por el decreto.
A este último colectivo Pastrana les aseguró que el acuerdo de UGT y CCOO con la Junta sobre el decreto de reordenación del sector público, que hoy se abordará en la mesa de la función pública en la que también se sienta CSIF, “garantiza absolutamente los derechos presentes y futuros de todos los funcionarios y del personal laboral de la administración general de la Junta”.
“No hay ni un solo trabajador que tenga que preocuparse, si el gobierno acepta y aprueba las modificaciones planteadas por UGT y CCOO, por sus derechos ni presente ni futuro”, apostilló Pastrana, quien añadió que “ningún trabajador de la administración instrumental va a ser empleado público si no es mediante oposiciones libres”.
Por su parte, el líder de CCOO-A, Francisco Carbonero, demandó al Gobierno andaluz que rectifique, como se comprometió a hacer con ese sindicato y UGT, “el patón” que cometió con el decreto de reestructuración del sector público y mantenga “intactas” las reivindicaciones de los funcionarios y empleados.
En Granada, Carbonero dijo que CCOO defenderá que se mantengan “intactos” los derechos de cada uno de los colectivos afectados y que se garantice su estabilidad laboral y el acceso a la función pública por oposición.
“Lo importante ahora es defender lo público y poner los blindajes para que, pase lo que pase electoralmente en Andalucía, no haya una avalancha de privatizaciones”, según el dirigente sindical, para quien “el peligro” del sector público no está sólo en el decreto.
Al respecto, manifestó que sólo un 10% de las bajas serán suplidas, según recogen los presupuestos andaluces, y que a partir de 2012, la reforma laboral autoriza a que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) puedan actuar en el sector público. agencias
Admiten el recurso de amparo de Safja
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, con número de recurso 7643-2010 y Sala Primera, el recurso de amparo que, con fecha 25 de octubre de 2010, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) interpuso por la aplicación del decreto ley de reordenación del sector público andaluz.
Según indicó Safja en una nota, acudió al “amparo” de la Justicia por “una auténtica intransigencia, aptitud dictatorial y prepotencia del equipo de Gobierno de la Junta hacia sus propios trabajadores y ciudadanos en general”.
Precisó que el “decretazo” ha puesto “en pie de guerra a gran parte de la sociedad andaluza y a la totalidad de los empleados públicos, pues discrimina a los andaluces que pretenden acceder al sector público respecto a los que trabajan en las empresas públicas”.
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