“No hay espectáculo, en verdad más odioso, que el de los serviles”. José Martí.
ITB de Berlín, WTM de Londres, Fitur en Madrid, ATM en Dubai o IMEX en Frankfurt y Las Vegas son las ferias más prestigiosas de turismo que se celebran en el mundo y, está por ver, si el turismo necesita de ellas, al menos de un concepto que de las mismas se tiene que ha variado poco en décadas pese a que el mundo es otro y el turista también. Esta semana se celebra la tradicional Fitur en Madrid, despliegue político en Ifema, colapso en la capital, actos, comidas y cenas, semana de pasión turística en la que todos participan ante el temor de que no hacerlo reste competitividad. Hay que estar, presentar el vídeo, subir al atril –este año circular- y dar el discurso contando las excelencias de cada uno, comentando luego, de camino a un sitio estupendo donde comer en un colapsado Madrid, si aquello sirve realmente para algo. Al margen, qué duda cabe que estamos ante la principal industria del mundo, que ofrece cifras anuales de crecimiento y más desde la pandemia, quizás porque haya arraigado el riesgo a que una pandemia, individual o colectiva, nos arrase antes de disfrutar lo máximo y viajar y comer es de lo primero cuando pensamos en pasarlo bien y ahora, pese al coste general de la vida, no parecemos dispuestos a dejar para mañana lo que podamos disfrutar hoy. Más de 30 millones de turistas visitaron esta tierra durante 2022 dejando casi 24 mil millones de euros, cifras tan absolutamente sólidas que no dejan espacio a la duda sobre el arraigo del gran negocio andaluz.
Nombramientos. Como arraigado parece el hecho de que tanto en la vida política como en la administración pública se tenga, por general, tan poco reparo a la hora de nombrar cargos sin que el mérito y la capacidad sea el único medidor. Lo acabamos de ver en torno al nombramiento de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, que gracias a su cercanía con los romanes ha logrado desbancar a Cristina Saucedo, que era la preferida de Ruiz Boix; en política lo crucial es acertar acomodándose cerca de los que amasan el poder como quien redondea croquetas antes de echarlas a freír. Sorprende que en ningún caso el debate sea sobre quién es la persona más cualificada para el mejor desarrollo del puesto, se queda en quién tiene más fuerza para poner al suyo y, así, sumar cuota de poder. Y así se rige el negocio público.
La profesionalidad, experiencia, conocimientos y el esfuerzo no son valores al alza en nuestra sociedad y donde se demuestra más es en lo público. Los que llegan a un gobierno, salvo en contadas excepciones, prefieren rodearse de personas que reúnan requisitos del tipo ser afines al partido, familiares y amigos, aquellos que se han ganado a pulso la confianza vendiendo sus servicios a favor del partido y/o en contra del enemigo. En este último bloque se sitúa el personal que cuando gobernaban los contrarios les ponían muy difícil sacar adelante los expedientes, los proyectos, las inversiones, poniendo mil pegas o ralentizando la gestión, aquellos que pasaban información a la oposición. Sindicalistas que buscaban excusas para ejercer dura crítica y mover la opinión de la plantilla manipulando la realidad. Todos estos luego son premiados por quien, gracia a ellos, consiguieron votos, olvidando el gobernante que el buen profesional no se vende porque no lo necesita, su capacidad le avala, no sabe trabajar de otro modo y sus conocimientos y aptitudes no se borran con los distintos cambios de gobierno. Sólo los mediocres necesitan venderse para ascender o para conseguir sus propios intereses.
El resultado es el desastre de gestión de las administraciones públicas regidas por esta forma de seleccionar los cargos, apartando a los mejores profesionales y permitiendo de este modo la ralentización de la vida pública; hay ayuntamientos, también diputaciones, prácticamente paralizados, bloqueados tras un cambio político que ha conllevado una serie de nombramientos sin la premisa de la cualificación porque ésta es peligrosa para el mediocre, le deja en evidencia. Pasa como al político de medio rango que no quiere gente brillante a su alrededor porque, claro está, les resta luz, cuando lo cierto es que los gobernantes que se han destacado por su gestión han sido quienes despreciaban a los serviles y elegían a los mejores, les importaba poco incluso que fueran de otros partidos políticos, de tendencias religiosas diversas, de derecha o de izquierda, querían que la gestión municipal fuese la mejor, pagándoles.
Paco de la Torre tiene una estructura municipal con 25 directores generales y 51 asesores, 76 cargos de confianza elegidos por libre designación con costes que oscilan entre los 87.800 y los 124.000 euros. Él gana 93.400 euros, el décimo alcalde mejor pagado de España. Y ya vemos cómo va Málaga, como un tiro, tiene a los mejores, les paga, no hay cabida para la mediocridad sindical. Y de eso se trata, de que la administración tenga a los mejores profesionales y funcione, resuelva, sea ágil en la tramitación de expedientes, jurídicamente potente, solvente ante otras administraciones con imaginación y no todo quede en el pobre discursito señalando a otros de incapacidades propias o tirando de libreto para culpar a Pedro Sánchez o a Puigdemont, que está muy visto.
Las administraciones públicas conservan entre sus paredes historias de odios, amores, desamores, envidias, filias, fobias, amistades buenas y falsas, traiciones, intereses, intrigas y vendettas, cual serie de Netflix con varias temporadas, muchas de ellas arrastradas durante años que los que llegan al gobierno están ajenos, de conocerlas las tendrían en cuenta para la decisión de muchos nombramientos. Mientras, los ciudadanos, que son los que con sus impuestos pagan los servicios públicos, viven ajenos de las intrahistorias que hay dentro de las administraciones, origen de su buen o mal funcionamiento. Se pagan a buenos empleados públicos a quienes no se les da trabajo. Y personas cuasi inútiles encumbradas sólo por ser lisonjeros. A lo que hay que añadir un entramado sindical usado para ganar elecciones, alentando conflictos laborales o menguándolos a costa de un dinero público que se puede usar para comprar voluntades revestido de mil excusas que poca gente alcanza a detectar.
La gestión pública debería estar estructurada al margen de la decisión política, como la judicial. A todos iría mejor. Y los políticos dedicarse a lo que deben, que es a la toma de decisiones, a la creación de Leyes que haga la vida más fácil y más justa a los ciudadanos, a la distribución de los recursos, a la dotación de servicios esenciales, a hacer política. Y que funcionarios capaces, los mejores, gestionen, y que jueces libres juzguen.
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