La Audiencia Nacional ha confirmado una sanción significativa de seis millones de euros a BBVA, debido al incumplimiento del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables. Esta decisión llega tras rechazar la sala de lo contencioso el recurso del banco contra la resolución de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital de julio de 2021.
En 2020, el Banco de España ya había impuesto dos multas a la entidad bancaria, sumando un total de seis millones de euros, por infracciones consideradas graves contra el decreto de 2012. Este decreto estaba orientado a la protección urgente de deudores hipotecarios sin recursos.
El fallo resalta que BBVA no proporcionó información adecuada a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al mencionado Código, ni se les explicaron los motivos para negarles este derecho. La Audiencia Nacional descarta la alegación de BBVA sobre sufrir indefensión, criticando que "una entidad como el BBVA, con servicios jurídicos corporativos propios y especializados, considere vulnerado su derecho de defensa porque no se le indicó expresamente que podía aportar justificaciones documentales junto a las alegaciones".
Es relevante mencionar que el BBVA se había adherido voluntariamente a este Código de Buenas Prácticas, comprometiéndose al cumplimiento de ciertas obligaciones. La sentencia advierte que si el banco "desatiende una solicitud de reestructuración de deuda por causas ajenas a las que legalmente podrían justificarlo, puede ser demandado judicialmente por el prestatario". Este fallo implica un precedente importante en la gestión de deudas hipotecarias y la responsabilidad de las entidades bancarias en España.
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