China espera una "actitud constructiva" durante el examen periódico universal (EPU) que se celebra hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, espacio que permitirá que el resto de los países le formulen observaciones y recomendaciones.
"Esperamos que todas las partes mantengan una actitud constructiva y no politizada. China ha logrado progresos históricos en las cuestiones de derechos humanos, y siempre ha cumplido al participar en estas revisiones de acuerdo con los procedimientos de la ONU", aseguró hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.
El vocero añadió que el EPU, un proceso especial en el que se revisa periódicamente el historial de derechos humanos de los 193 estados miembros de la ONU, "es una plataforma importante para China", pero apuntó que debe "fomentar un diálogo constructivo".
Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado la "represión sistemática" de las minorías étnicas en las regiones de Xinjiang y Tíbet so pretexto de "antiseparatismo, antiextremismo y lucha contra el terrorismo", aunque para Pekín las medidas y legislaciones promulgadas al respecto "han contribuido a la seguridad y la estabilidad tanto nacional como regional y global".
Varias potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, denunciaron en los últimos años abusos del Gobierno chino contra la minoría musulmana uigur y otras etnias que residen en Xinjiang, elevando la presión contra Pekín, que siempre ha negado todas las acusaciones y las ha calificado de pretexto para dañar su imagen.
También han acusado al gigante asiático de cercenar libertades en Hong Kong, especialmente con la Ley de Seguridad Nacional que impuso en el territorio en 2019 tras las protestas que azotaron la ciudad.
China, que ofrece recompensas para detener a algunos de los activistas que se exiliaron en el extranjero, defiende que la legislación "logró poner fin eficazmente a la violencia, la destrucción y el caos" y dar comienzo a "una nueva etapa de prosperidad".
Otras voces también han denunciado que en las últimas semanas China ha presionado a sus aliados, especialmente entre los países en desarrollo, para que alaben su historial de derechos humanos durante la revisión, a la que se somete por primera vez desde 2018, o para que hagan recomendaciones lo suficientemente vagas para que a Pekín le resulte fácil aceptarlas.
"Esperamos que quienes participen en la revisión sigan el principio de la EPU de ser constructivo, de no estar politizado. Nosotros participaremos con una actitud sincera y abierta", dijo hoy el portavoz Wang.
Pekín asevera que ha mejorado "considerablemente" la calidad de vida de la población, que defiende "la igualdad de todos los grupos étnicos" y que respeta las creencias religiosas.
También sostiene que en su territorio "se aplica estrictamente el principio de legalidad de los delitos y las penas y la presunción de inocencia".
Una visión que contrasta con las denuncias de oenegés como AI, que acusan a Pekín de haber "sofocado" las críticas a sus políticas y acciones a través de la "detención y reclusión arbitraria" a las personas que criticaban o a defensores y defensoras de los derechos humanos.
AI también ha denunciado las "severas restricciones" durante la COVID-19, que "socavaron en ocasiones los derechos a la salud y a una alimentación adecuada en China".
Según la ONG, la "censura" a la libertad de expresión se hizo "más omnipresente y sofisticada para acallar las críticas al gobierno", mientras que las autoridades han "encarcelado" a personas defensoras de los derechos humanos "sin garantías durante la detención, ni juicios que cumplan los estándares internacionales".
También afirma que sigue vigente la "reclusión secreta" llamada "vigilancia domiciliaria en lugar designado" o que "la tortura es un problema endémico en el país".
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