La mesa de diálogo social que abordará la reducción de la jornada laboral en España sin que implique recorte salarial se reunirá la próxima semana, en concreto el jueves 25 de enero, para empezar sus trabajos.
Así lo anunció hace unos días la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha declarado que ésta será "la legislatura de los salarios y del tiempo de trabajo".
La vicepresidenta ha subrayado que España debe reducir la jornada laboral, que lleva "40 años congelada" en España, y ha recordado ésta es una de las medidas comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.
En concreto, este acuerdo contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.
"Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país", dijo hace unos días la ministra.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que, como la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, lo que se va a trabajar en la mesa de negociación es, sobre todo, cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligados las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.
El anuncio de la convocatoria de esta mesa ha sido bien recibido por los sindicatos y con cierto recelo por las organizaciones empresariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado "dispuesto a hablar" sobre el tema, pero "no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella".
Garamendi considera que la reducción de la jornada laboral es "otra subida implícita del salario mínimo interprofesional" y cree que "va a bloquear la negociación colectiva" y "generar una incertidumbre tan importante" que la patronal ya está avisando a sus asociados de que "tengan cuidado con lo que se pacta".
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado la apertura de la mesa de negociación para reducir la jornada laboral por ley, una cuestión "necesaria" que, a su juicio, debe abordarse "cuanto antes".
"Es el momento de abordar tanto la reducción de la jornada de trabajo como una mejor garantía en la distribución del tiempo de trabajo, que me parece que es un debate tan importante como el anterior", opinó Sordo hace unos días.
Sobre las críticas de la CEOE a la reducción de jornada laboral, Sordo ha mostrado su "sorpresa", pues se trata de una medida que se viene recogiendo desde hace tiempo en los convenios colectivos que suscriben sindicatos y empresarios.
"Aquí lo que estamos planteando es dar carta de normalidad a través de la ley a medidas que en muchos sectores ya se han impulsado a través de los convenios colectivos y que los ha firmado la patronal. Lo que ocurre es que hay muchos sectores donde se siguen teniendo jornadas de trabajo abusivas y es el momento de abordar esta cuestión por ley", dijo Sordo.
No obstante, precisó que la intención sindical es que la jornada, el tiempo de trabajo y la distribución de la jornada de trabajo se siga dirimiendo en el ámbito de los convenios colectivos. "Ahora, si la ley nos acompaña en ese terreno, mejor", agregó.
Sobre la denuncia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que reducir la jornada supone una subida implícita del SMI, el líder de CCOO ha indicado que, en todo caso, implicaría una mejora del salario por hora, pero no del SMI.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve positivo que el Gobierno se plantee reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero no oculta su deseo de "esta legislatura sea la de las 35 horas semanales".
La última vez que en España se produjo una reducción de la jornada máxima de trabajo fue en 1984 y recortar las horas de trabajo era una reclamación y una exigencia de las organizaciones sindicales.
Como vía para reducir la jornada laboral a las 38,5 horas semanales comprometidas en el acuerdo PSOE-Sumar, Trabajo quiere mejorar el funcionamiento del registro horario.
Todos las empresas, sin excepción, están obligadas desde el 12 de mayo de 2019 a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores en virtud de un Real-Decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de aquel año.
El objetivo de esta medida es medir la duración de las jornadas laborales y, por lo tanto, las horas extraordinarias, y también los descansos, que no pueden ser inferiores a doce horas entre final e inicio de jornada ni a 36 semanales, aunque con peculiaridades sobre su ubicación en el calendario según el sector de que se trate.
El registro obligatorio que las empresas debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organiza y documenta mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores.
En caso de no existir representación legal de los trabajadores, es la empresa quien determina cómo se organiza y documenta el registro de jornada.
La empresa está obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y éstos deben permanecer a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 626 euros si es considerada leve o llegar a los 6.250 euros en caso de calificarse como grave.
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