La propuesta de Junts de enmendar la proposición de ley de la amnistía para intentar esquivar a los jueces y tribunales ha generado malestar entre miembros de la Judicatura, que consideran una "barbaridad" que la formación independentista presentara un texto en el Congreso en el que les reprocha su supuesta "inclinación" para "agotar todas las vías necesarias" para "reducir al máximo" la inmediata aplicación de la norma que exoneraría más de una década del 'procés'.
Así justifica el partido liderado por el expresidente catalán huido Carles Puigdemont que proponga una enmienda parcial a la proposición que del PSOE para que ni las cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) ni las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puedan paralizar el alzamiento de las órdenes de detención u otras medidas cautelares adoptadas.
En concreto, Junts explica en su enmienda que da este paso al ver que la proposición de ley de amnistía que presentaron los socialistas el pasado noviembre se ha visto sometida a "un intenso debate público y doctrinal que ha permitido constatar" las "dudas de ciertos sectores aparentemente mayoritarios del Poder Judicial" y su "inclinación" a "agotar todas las vías necesarias para reducir al máximo su inmediata aplicación".
Esta afirmación ha sido recibida de forma negativa entre algunos jueces. Las fuentes consultadas aseguran que es "el colmo" que desde Junts hayan enmendado la amnistía para incluir matices de este calado y que, además, se señale a los jueces por utilizar herramientas que tienen disponibles por ley ante cualquier duda de legalidad, como son las cuestiones de inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales.
Las fuentes jurídicas observan en ello un ataque frontal al Estado de Derecho por cuanto afecta a la independencia judicial. Algunas advierten incluso de que cuando se plantea un debate en el Parlamento sobre qué decisiones pueden adoptar los jueces y magistrados, cuando éstas forman parte de su legítima competencia, es un síntoma de que se avanza hacia un "Estado autocrático".
Aún así, hay voces dentro del Poder Judicial que dicen no estar sorprendidas de que la formación les señale de esta forma y por escrito. Recuerdan que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, llamó indecentes a varios magistrados del Tribunal Supremo, en referencia al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y a los magistrados Carlos Lesmes, Pablo Llarena y Carmen Lamela, y a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel.
La enmienda de Junts
En el marco de sus enmiendas parciales, la formación también propone una disposición adicional que contemple que aún cuando un tribunal suspenda el procedimiento por consultar al TJUE esto no afecte a "la vigencia y aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica".
Insisten en que la suspensión del proceso judicial "no impedirá la reforma de los autos y providencias" que se dictaron antes de que la amnistía entrara en vigor para acordar detenciones, ingresos en prisión, procesamientos o cualquier otra medida restrictiva.
Para los de Junts, estas modificaciones a la proposición de ley original garantizan la "aplicación inmediata de la ley de amnistía" e "impide que se desvirtúe el interés general que persigue" la norma.
Juristas advierten sobre las enmiendas
Las enmiendas parciales presentadas por Junts y ERC a la proposición de ley de la amnistía podrían tener el efecto contrario al deseado, ya que lejos de eludir el choque frontal con la UE podrían aumentarlo al proponer que el perdón se extienda a todos los actos de terrorismo vinculados al 'procés', independientemente de que cuenten o no con sentencia firme, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La proposición de ley de amnistía, registrada en solitario por el PSOE el pasado 13 de noviembre, ya contemplaba perdonar los delitos de terrorismo cometidos en el marco del proceso independentista, si bien excluía expresamente los casos en los que ya hubiera sentencia firme.
Esto significaba amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que la Audiencia Nacional (AN) ha enviado a juicio por delitos de terrorismo y a los investigados también en la AN por los disturbios presuntamente orquestados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés' en el otoño de 2019, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La novedad que plantean Junts y ERC respecto al texto inicial es que sean amnistiables todos los actos de terrorismo perpetrados en el contexto del 'procés', también en los casos donde ya haya recaído sentencia firme.
Cabe destacar que el PSOE y ERC, en la enmienda parcial que firman conjuntamente con Sumar, BNG y Bildu, abogan por mantener la redacción original, es decir, perdonar solo los casos de terrorismo asociados al 'procés' donde no haya sentencia firme.
Sin embargo, este mismo miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado en declaraciones a la prensa que "los delitos graves" como los de terrorismo "han de estar exceptuados de la amnistía".
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press no ven cambios en los efectos prácticos por la modificación sugerida en las enmiendas parciales. Y ello porque los únicos casos investigados por delitos de terrorismo en el 'procés' son los de los CDR y Tsunami Democrátic, ambos lejos de que haya siquiera sentencia.
El primero, se encuentra en fase de apertura de juicio oral y, el segundo, en fase de instrucción, pendiente además de dos decisiones clave --la imputación del ex presidente catalán Carles Puigdemont y la calificación jurídica como actos terroristas--. Las fuentes subrayan que en ningún procedimiento daría tiempo a dictar sentencia antes de que entre en vigor la futura ley de amnistía.
Las normas comunitarias
Así las cosas, solo aprecian una ampliación del objeto de la amnistía por cuanto abarcaría a más casos y más personas --aunque sin concreción actual-- que supone aumentar también la colisión con las normas comunitarias en materia antiterrorista.
Las fuentes jurídicas recuerdan que la piedra clave de la normativa europea sobre terrorismo es la directiva 2017/541 --que sustituyó a decisiones marco anteriores--, la cual establece la obligación de los estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos.
Los expertos preguntados señalan al artículo 3, donde se recoge la obligación de perseguir al determinar que los estados miembros "adoptarán las medidas necesarias" para "garantizar" que determinados actos sean tipificados como delitos de terrorismo.
A ello suman el artículo 15 de la misma directiva, conforme al cual los estados miembro también "adoptarán las medidas necesarias" para "garantizar" que estos delitos "sean castigados con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias".
Por tanto, las fuentes entienden que la proposición de ley de amnistía chocaba desde el principio con esta directiva comunitaria y que ahora, con las enmiendas parciales, simplemente se ahonda en el conflicto con el derecho europeo porque permite extender el perdón a los casos sentenciados en firme.
En consecuencia, auguran que desde la Audiencia Nacional, tribunal que residencia las dos causas afectadas, se preguntará al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre esta discrepancia entre el derecho comunitario y el derecho nacional, lo que permitirá suspender la aplicación de la amnistía a ambos procedimientos hasta que la corte de Luxemburgo resuelva.
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