El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez ha condenado a los implicados en el caso de corrupción urbanística en Grazalema, conocido como ‘Operación Pinsapar’, a penas mínimas, fundamentalmente debido a la “dilación indebida”, ya que se ha tardado 17 años en juzgarse. “Los delitos de corrupción siguen saliendo muy baratos para los corruptos”, señalan desde Ecologistas en Acción.
Esta causa tiene su origen en las denuncias presentadas por el colectivo por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de viviendas. Este edificio inició su construcción con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en agosto de 2005, siendo alcaldesa María José Lara. Un bloque anterior colindante, de la misma promotora, y también ilegal, contó con licencia de su antecesor Antonio Mateos.
En la sentencia consta, como hechos demostrados, que el técnico municipal Juan Prieto trabajaba en el despacho del arquitecto Antonio Sebastián del Canto, y fueron autores del proyecto de viviendas que invadían el cauce del río Guadalete, y que Prieto lo informó favorablemente, cobrando del estudio de arquitectura.
Según la sentencia “Este era el modo de proceder habitual del acusado Juan Prieto quien reclamaba comisiones o regalos por informar positivamente las licencias de obras que entraban dentro de su ámbito de competencias”.
Raúl Gascón y Rafael Torres (de la familia propietaria del club de fútbol Getafe) eran los administradores de la empresa Inmocemtrai RTS 2025 SL, promotora de los dos bloque de viviendas ilegales. Uno se llegó a construir, pero con cuatro viviendas y varios garajes de más, sin que actuara el técnico municipal ni el entonces alcalde Antonio Mateos, pese a la visibilidad de la promoción ilegal en la plaza de La Asamblea. La segunda promoción necesitó de la desviación del río Guadalete, sin que tampoco actuara el técnico ni la entonces alcaldesa Mª José Lara, pese a la enorme dimensión de la obra del río y del bloque de viviendas.
Juan Prieto solicitó tanto al constructor como a los promotores 36.000 euros por no informar de las ilegalidades, recibiendo el soborno en especie, con la demolición de una vivienda en ruinas que tenía en la ribera del Gaidovar, y la construcción de una nueva de mayor superficie, todo con su propio informe favorable.
Otros dos procesados han sido Cristóbal David Barrera, administrador de la empresa constructora Dabasal SL, y su hijo Daniel David Salguero, administrador de la empresa constructora Multiprof, que ejecutaron las obras de los bloques de vivienda en el río y de la vivienda ilegal de Juan Prieto.
Los casos de corrupción en la oficina técnica del Ayuntamiento de Grazalema venían siendo denunciados por Ecologistas en Acción ante el Ayuntamiento desde 2002, pero Antonio Mateos y María José Lara, “en vez de actuar contra la trama corrupta, decidieron emprenderla contra el denunciante, con amenazas a Juan Clavero y a su familia, que llegaron al extremo de, en vez de ordenar la demolición de los edificios ilegales, ordenaron la de la vivienda de Juan Clavero en Benamahoma”, señala Ecologistas en Acción.
También habría que recordar que el PSOE, en vez de exigir responsabilidades políticas a ambos regidores por este grave caso de corrupción, lo que hizo fue amparar a ambos, y les facilitó -vía Diputación provincial- una defensa legal gratuita.
Cuando Ecologistas en Acción difundió el escandaloso hecho del desvío del río Guadalete, María José Lara siguió defendiendo su legalidad, pero ante el escándalo suscitado, terminó por paralizar las obras en octubre de 2005, lo que no evitó que fuera imputada junto a su tío y predecesor en el cargo, Antonio Mateos. A pesar de que ambos aprobaron las licencias de obras ilegales y permitieron su ejecución, se levantó la imputación porque “desconocían lo que firmaban”, argucia tantas veces invocada por los responsables políticos implicados en casos de corrupción.
El esperpento llegó al límite de que los promotores y constructores se dirigieron a la alcaldesa para advertir que ya habían pagado la mordida al técnico para que se permitieran las obras ilegales, terminando este caso de corrupción en el juzgado de Ubrique en 2006. El caso ha tardado 17 años en juzgarse, lo que, como en tantos casos de corrupción, ha llevado a que se rebajen las penas por dilación indebida.
En la sentencia se condena a Juan Prieto por sendos delitos de prevaricación, cohecho activo continuado y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a penas de un año de prisión, multa de 16.762 euros y 50 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer cargo público relacionado con el urbanismo; a Antonio Sebastián del Canto por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses y medio de prisión, multa de 5.040 euros y 12 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la arquitectura; a Cristóbal David Barrera por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 euros y seis meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción; y a Rafael Torres y Raúl Gascón por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 euros y 14 meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción y promoción.
Para Daniel David Salguero se declaró la extinción de responsabilidad penal por prescripción. En todos los casos se suspenden las penas privativas de libertad.
“Ecologistas en Acción recibe esta sentencia con un sabor agridulce. Por un lado, han quedado demostrados todos los hechos que denunciamos en su momento, y por los que fuimos vilipendiados y amenazados por los responsables municipales de Grazalema y del PSOE; por otro, las livianas penas y la tardanza en juzgarse ha llevado a la sensación de impunidad de los implicados, llegando en el caso del ex alcalde y de la ex alcaldesa que ampararon estos casos de corrupción a que ni siquiera hayan sido juzgados”, concluye el colectivo conservacionista.
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