El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a finales de 2023 a 228.978 hogares andaluces en los que viven 691.955 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del pasado mes diciembre.
De la totalidad de expedientes aprobados en Andalucía (228.678), el 72,5% de los titulares son mujeres, es decir, 165.931, y 62.747 hombres, según informa la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.
En toda España, esta prestación, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas, ha protegido a 2,15 millones de personas, garantizándoles un nivel mínimo de renta y una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral.
Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que, del total de beneficiarios en Andalucía, un 42,5% son menores (294.623). Además, si tenemos en cuenta el número de hogares, en más del 73% vive, al menos, un menor, lo que supone atender a más de 169.000 familias.
Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), son ya 149.671 en Andalucía. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una de las mejoras introducidas en el trámite parlamentario de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como un instrumento clave para luchar contra la pobreza infantil.
El importe se establece en función del número de menores de edad miembros de la unidad de convivencia, y en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos (actualizados para 2023). De esta forma, para las familias con menores de 3 años el complemento es de 115 euros; para mayores de tres años y menores de seis años es de 80,50 euros y para familias con menores que tengan cumplidos los seis años y menores de 18 asciende a 57,50 euros.
En 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, que refuerza el conjunto de políticas que componen el IMV y que se orienta a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o aumente el número de horas de empleo, en el caso de que ya esté trabajando, vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan. El incentivo se calcula de oficio cuando se revisa el IMV, en el supuesto de que haya cambios en los ingresos del trabajo del perceptor.
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