Así lo aseguró ayer el portavoz del PSOE local, Fernando Centeno, quien afirmó que el alcalde solicitará el archivo de la causa interpuesta por Domínguez, también ex liquidador de las empresas municipales de Estepona creadas por el GIL.
“Valadez aportará toda la documentación, que hasta ahora no le ha sido requerida ni a él ni al Ayuntamiento, para dejar claro que aquí no se ha cometido ninguna irregularidad”, declaró Centeno.
El portavoz del PSOE local denunció que el ex tesorero convocó en marzo una Junta General como liquidador de las empresas creadas por el GIL después de jubilarse en enero y de que se le denegara la solicitud de prórroga para continuar en su puesto y pese a que el alcalde lo destituyó “por conducto notarial”.
Centeno declaró además que Domínguez fue nombrado liquidador de las empresas municipales “en su calidad de habilitado nacional de carrera”, por lo que tras dejar de ser tesorero, “dejaba de ser liquidador”.
Centeno se preguntó qué interés tiene Domínguez “en seguir siendo liquidador si no es tesorero” y le reprocha que presente las querellas y demandas “cuando se le destituye porque el pleno decide que el liquidador sea un habilitado nacional y él ya no lo era”.
El portavoz del PSOE manifestó también que el alcalde perdió la confianza en el tesorero porque “está demandado por el Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas por malas prácticas y se le exige una devolución de 800.000 euros”.
Asimismo, acusó a Domínguez de estar imputado por la “supuesta venta fraudulenta de parcelas municipales a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI”, ventas por las que el Ayuntamiento habría dejado de ingresar hasta 17 millones de euros.
Centeno señaló que mientras Domínguez fue tesorero se gastaron subvenciones para la remodelación de dos calles en el pago de nóminas y “nunca puso ninguna pega” o que el Ayuntamiento recibió más de un millón de euros de las Islas Caimán y no lo comunicó al organismo competente.
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