La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por la muerte de la joven hispano-israelí Maya Villalobo Sinvany y del ciudadano vasco Iván Illarramendi, que fueron asesinados tras los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre.
Según avanza El Confidencial y confirman a EFE fuentes fiscales, el Ministerio Público ha solicitado a la magistrada María Tardón el archivo de la causa al ser clara la autoría de Hamás y no poder determinar ni atribuir su muerte a una persona en concreto, es decir, que no se puede sentar a nadie en el banquillo por estos hechos.
Las fuentes explican que la Fiscalía basa su escrito en un informe policial que destaca que no hay dudas de que Hamás está detrás de la muerte de los dos ciudadanos españoles.
A la espera de la decisión de la jueza, las fuentes recuerdan que la petición de sobreseimiento es provisional, esto es que si aparecen nuevos indicios se puede abrir aunque no parece fácil.
La jueza María Tardón abrió la causa el pasado 11 de octubre tras recibir un informe policial que informaba de la desaparición de los dos ciudadanos españoles y de la mujer de uno de ellos tras las acciones terroristas sucedidas los días 7 y 8 de octubre.
Illarramendi, natural de la localidad guipuzcoana de Zarautz, vivía desde hace unos años con su mujer chilena en un kibutz situado a dos kilómetros de la franja de Gaza, que fue asaltado el pasado día 7 de octubre por milicianos de Hamás.
Él y su esposa fueron asesinados -quemados vivos juntos en su casa- en el kibutz Kissufim, hecho que se conoció un mes después del asalto y que confirmó que no habían sido secuestrados como se había barajado.
La otra joven española desaparecida era Maya Villalobo Sinvany, una sevillana de 19 años y con doble nacionalidad, que en el momento del asalto se encontraba en la base de Nahal Oz, también cerca de la frontera con Gaza, haciendo el servicio militar.
Cinco días más tarde de su desaparición, el Ministerio de Exteriores confirmó su muerte.
La jueza Tardón abrió la investigación, en la que se personó como acusación la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), al considerar que los hechos podrían encuadrarse en un supuesto delito de terrorismo y que corresponde a la jurisdicción española investigarlos al existir dos víctimas con nacionalidad española y un familiar de primer grado de una de ellas.
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