Andalucía

IU coincide con el PP en la venta de sedes para alquiler

Valderas considera que la fórmula acarrearía un ?endeudamiento caro?

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  • Las protestas de los funcionarios se repitieron ayer en el acto de Griñán en Córdoba y en el de Moreno en Granada. -
  • Sanz considera que es una medida engañosa y ficticia, que hipoteca el futuro de la región
  • Moreno reitera que no hay el menor interés en lesionar los derechos de los funcionarios
La oposición ha coincidido en sus críticas a la posibilidad de que la Junta de Andalucía venda sedes administrativas de titularidad autonómica a entes instrumentales para posteriormente establecer alquileres de retorno (que repercutirían en la propia administración) al considerar que mercarían los recursos públicos andaluces.

Así, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, afirmó ayer que la si bien esta operación conllevará un aumento de recursos “necesario” para los presupuestos de 2011, también acarrearía un “endeudamiento caro”.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en el Registro del Parlamento la enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2011, Valderas afirmó que esas cuentas “necesitan el mayor nivel de recursos posible” porque se ha hecho un “ejercicio de recorte” que no permite mantener la “justicia social”.

Sin embargo, consideró que la vía elegida por la Junta para ello “tendría que haber sido otra”, y citó como posibilidades el haber realizado “un mayor ejercicio de política fiscal de carácter progresista y perseguir la economía sumergida y el fraude a la Hacienda pública”.

“Eso no se ha hecho -dijo Valderas- y han escogido un camino que va a traer un endeudamiento caro”, por lo que su formación va a estudiar que no sea “lo más costoso”, ya que considera imprescindible que “el presupuesto de la Junta no se recorte en un euro más”.

Valderas calificó como “merecida” la enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuestos para 2011 porque, a su juicio, éste “no va a servir para sacarnos de la crisis ni para el objetivo principal que tiene Andalucía, que es crear empleo y, muy especialmente, cambiar el modelo de desarrollo hacia uno sostenible y solidario”.

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, consideró que la venta para alquiler con retorno de sedes autonómicas causará que Andalucía salga más tarde de la crisis al ser una medida que “engaña a los ciudadanos” e “hipoteca” el futuro de la región.

Durante una rueda de prensa en Málaga sobre la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta de 2011 que el partido presentó ayer, Sanz manifestó que sólo es una forma de “ocultar un mayor endeudamiento” y un “artilugio económico-financiero engañoso y ficticio”.

Añadió que supone “ingresos ficticios que ponen en peligro el patrimonio de la Comunidad Autónoma” y aseguró que con ella la Junta “se está vendido”.

En cuanto a los presupuestos autonómicos para 2011, Sanz afirmó que piden “sacrificio a los más débiles y más necesitados”, mientras que la Administración “no se aprieta el cinturón” e incrementa las operaciones corrientes, reduce la inversión, sube los impuestos y provoca recortes sociales.

Protesta de funcionarios

Mientras y con respecto al conflicto por la reorganización del sector público andaluz, cuyos funcionarios protagonizaron sonadas pitadas en el acto que tenía el presidente de la Junta en Córdoba, e intentaron boicotear la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, Mar Moreno garantizó ayer que la Junta no tiene “el menor interés” en lesionar los derechos de los empleados del sector público.

Moreno invitó a los trabajadores, tanto funcionarios como laborales, a que consulten el decreto que reordena el sector público en la página web de la Consejería de Hacienda porque, si lo hacen, “van a despejar todas sus dudas”.

“No hay el menor interés por parte de la Junta en lesionar ningún derecho y es absolutamente falso que en este país nadie pueda ser funcionario si no supera las pruebas y las oposiciones pertinentes”, señaló a los periodistas la consejera, para quien ha habido “mucha desinformación, interesada o no”, en torno al decreto.

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