Soto señaló en rueda de prensa que también tiene que dar explicaciones el consejero de Empleo, Manuel Recio, porque el PP cuestiona que exista igualdad en el acceso a los fondos para formación en Andalucía y no sabe si hay más empresas de personas cercanas al PSOE beneficiadas por esas subvenciones.
La portavoz del PP andaluz también resaltó que desconoce si la empresa de la mujer de Velasco, que según dijo se constituyó tres días antes del fin del plazo para recibir una subvención de 78.000 euros, tenía “méritos y experiencia” para recibir ese dinero.
“A los ciudadanos no les interesa si Velasco dimite o no por conflictos internos” en el PSOE, indicó Soto antes de enfatizar que lo que importa es el uso de fondos públicos, motivo por el que considera que está “más que justificado” que la Cámara de Cuentas audite todos los fondos destinados a formación.
En este sentido, expresó su confianza en que el PSOE y Griñán respalden esa petición de auditoría hecha por el PP tras recordar que el presidente andaluz “alardea” de transparencia.
Además, Soto señaló que el PSOE debe reflexionar sobre el “abuso” que hace de los fondos públicos y agregó que tiene que diferenciar entre actuaciones legales o éticas porque aseguró que los socialistas “tienen una agencia de colocación” para personas de su entorno.
En este sentido, la portavoz popular expresó que “a todos nos gustaría tener un papá, un tito o un primo que nos colocase, pero debe prevalecer la igualdad, el mérito y la capacidad, especialmente en la Administración pública” y con los fondos públicos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos.
Por otro lado, Rosario Soto indicó que “gracias a la labor del PP, como partido de la oposición, se están paralizando otros abusos al sacar a la luz los mismos” y añadió que “sólo falta que no pudiéramos ejercer como grupo de oposición”.
En esta línea, la portavoz del PP-A se refirió a que “en los 30 años de historia en el Gobierno de la Comunidad estos casos se repiten”, pues en Andalucía existen privilegios “por estar en el entorno del PSOE, cuando, sin embargo, todos deberíamos tener los mismos derechos”.
Así, dijo que un ejemplo de esta “agencia de colocación” es el trabajo que tiene en una delegación de la Junta de Jaén la mujer de un sobrino de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial y dirigente del PSOE jiennense.
Este caso es “un abuso más” en la “cadena” en la que ha incurrido el PSOE, según la portavoz del PP-A, quien criticó que se producen estos “privilegios” entre los socialistas cuando a la vez hay 1,1 millones de parados en la comunidad, lo que calificó de “drástico y lamentable”.
Por su parte, el coordinador del área económica del PP-A, Rafael Carmona, aseguró que la Administración andaluza está “agarrotada” y sin capacidad para la reactivación económica porque, a 30 de septiembre, el presupuesto de 2010 no está ejecutado ni al 60% y las inversiones realizadas no llegan al 35% previsto.
Carmona lamentó que este es el segundo año con el mismo problema de ejecución presupuestaria y reprochó a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que los presupuestos de 2011 no generan confianza porque contienen una subida de impuestos y una bajada de la inversión.
Por ello, dijo que la única posibilidad de cambiar esta situación económica es que los ciudadanos opten por el cambio de dirigentes políticos en las próximas elecciones regionales.
El PSOE cierra la crisis ratificando la remodelación urgente
El Comité Director del PSOE-A -máximo órgano entre congresos- “cerrará filas” con la urgente remodelación de la Ejecutiva Regional que ha tenido que llevar a cabo el secretario general, José Antonio Griñán, tras la crisis creada por la dimisión del número dos del partido Rafael Velasco.
Salvo sorpresas “inesperadas”, la convocatoria extraordinaria del Comité Director del PSOE-A ratificará hoy (18.00 horas) la propuesta de Griñán de suprimir la Vicesecretaría General tras la decisión personal de Rafael Velasco de dimitir de manera irrevocable de un cargo en el que ha estado siete meses.
La remodelación pasa por nombrar al delegado del Gobierno en Andalucía, el gaditano Luis García Garrido, como secretario de Política Institucional, e incluir en la Ejecutiva como vocal al consejero de Economía, Innovación y Ciencia, el jienense Antonio Ávila, uno de los hombres de confianza del presidente andaluz.
El obligado reajuste modifica el organigrama del partido, de forma que Susana Díaz, secretaria de Organización, se convierte en la ‘número dos’ del PSOE-A, y la presidenta, Rosa Torres, cuyo papel venía siendo honorífico, se convierte en la portavoz de la Ejecutiva.
La propuesta ha sido ya aprobada por aclamación en la Ejecutiva con la anuencia de los secretarios provinciales y todo indica, según fuentes socialistas consultadas por Efe, que el Comité Director “cerrará también filas y hará piña” con los cambios de Griñán.
La reunión del Comité Director, que será clausurado por el secretario de Organización federal, Marcelino Iglesias, comenzará con el informe político del secretario general, aprobará la composición del comité electoral y dará el visto bueno a la modificación del calendario electoral para adaptarlo a los plazos aprobados a nivel federal.
La previsión de los socialistas es tener cerradas al completo las listas de todos los municipios andaluces a mediados de febrero, unos tres meses antes de las próximas elecciones municipales.
IU apuesta por acabar con el clientelismo
Izquierda Unida apuesta en su programa para las próximas elecciones municipales por “dignificar” el servicio público local como medidas como “acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de los puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos”.
Así lo recoge el programa marco de IU para las próximas municipales, que subraya la necesidad de “delimitar con claridad los ámbitos políticos y administrativos o de gestión y clarificar sus respectivas responsabilidades hoy bastante confusas” con el objetivo de “potenciar una administración profesionalizada y eficiente diferenciada de los puestos políticos”.
Dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, propone como principio general “eliminar el clientelismo y la patrimonialización que de la función pública han venido haciendo los gobiernos sucesivos del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y que ha supuesto que valores como la fidelidad política y personal, se antepongan a la capacidad profesional de los empleados públicos”.
Plantea “acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de los puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos” porque se traduce en “la creación de administraciones paralelas que marginan a las estructuras orgánicas”.
IU también incluye un capítulo dedicado a la “lucha contra la corrupción”, a la que considera un “fenómeno estructural del capitalismo que deteriora la democracia y niega los principios de transparencia e igualdad”.
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