Interior no informa de los vuelos de repatriación de inmigrantes irregulares, pero las cifras facilitadas por el Gobierno a través de respuestas parlamentarias y del portal de la transparencia muestran cifras mínimas desde la pandemia, a pesar de los esfuerzos por lograr la cooperación de los principales países de origen.
Con cifras récord en inmigración irregular -a mediados de diciembre España superó las 51.000 llegadas en embarcaciones precarias, la cifra más alta desde 2018- el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a visitar Mauritania y Senegal en octubre y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, incluyó esos dos países en su primera gira oficial de la legislatura, que inició en Marruecos.
Según los datos a los que ha tenido acceso EFE, este año hasta el 30 de junio se habían ejecutado 1.942 expulsiones y devoluciones; en 2022 fueron 3.642; y en 2021, 3.594.
Suman 9.177 personas en un periodo en el que entraron en el país de forma irregular por mar y tierra casi 86.000 personas, de acuerdo con los balances hechos públicos por el Ministerio del Interior.
Las cifras de estos últimos tres años están muy alejadas de las que se registraban antes de la pandemia -11.153 personas expulsadas o devueltas en 2019 y 11.384 en 2018- y reflejan que, después de que los vuelos quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años previos.
Colaboración policial para frenar salidas
A finales de octubre y ante la incesante llegada de cayucos a las costas canarias el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Senegal para reforzar la cooperación con este país, del que parten buen número de las embarcaciones, y elogió su colaboración en la lucha contra las mafias.
Según manifestó en el pleno del Congreso, la cooperación con los "socios africanos" es la "única política realmente eficaz" para combatir la inmigración irregular y lograr unos flujos seguros, ordenados y regulares.
De acuerdo con sus cifras, gracias a esa colaboración con las autoridades de Mauritania y Senegal, donde hay desplegados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, se ha evitado la salida de más de 14.100 migrantes desde esos países.
Pocas semanas antes de su viaje a Dakar se habían retomado los vuelos de repatriación a Senegal, suspendidos desde 2018, pero fuentes policiales precisan a EFE que solo se ha realizado un viaje.
Según un responsable en la lucha contra la inmigración irregular, actualmente los vuelos de devolución están parados por razones complejas.
En el caso de Senegal, por ejemplo, influye la situación política del país, que celebra elecciones en unos meses. "Al actual presidente lógicamente no le interesa que sus nacionales vuelvan de España porque no le van a votar". No se puede olvidar tampoco que los emigrantes envían dinero a su país y se convierten en una fuente de remesas.
Solicitudes de asilo que frenan deportaciones
Tras el confinamiento y el cierre de fronteras por la pandemia, los vuelos de a Mauritania se reiniciaron en noviembre de 2020. Gracias a un acuerdo alcanzado en 2003, ese país acepta que se le entregue a cualquier inmigrante llegado a Canarias, con independencia de su nacionalidad, si ha salido de sus costas o simplemente ha transitado por su territorio.
Pero, advierten de nuevo las fuentes policiales consultadas, aquí también la situación ha cambiado radicalmente y ya no despegan macro vuelos de repatriación de inmigrantes.
Según estas fuentes, la mayoría de las pateras que salen de la costa mauritana viajan con ciudadanos senegaleses y, en menor proporción, malienses y burkineses.
Y cuando van a ser devueltos, la gran mayoría solicita asilo en España, señala a EFE un responsable policial que muestra su preocupación al considerar que la figura del asilo se está usando de forma "torticera" para impedir esas devoluciones.
Lo mismo ocurre con Marruecos. Los vuelos a este país - solo acepta a sus nacionales- también se reactivaron a finales de 2020, pero volvieron a ser suspendidos en abril de 2021 tras decretar Rabat el cierre del espacio aéreo con España y Francia alegando razones sanitarias y no se retomaron hasta un año después.
"Prudencia y discreción"
Consultado por EFE, el Ministerio del Interior se limita a subrayar que en los procedimientos de retorno es necesaria "la prudencia y la discreción".
"Se mantienen y se aplican a aquellas personas que han entrado irregularmente en España y no son merecedores de protección internacional", se limitan a señalar las fuentes de este departamento, sin ofrecer datos concretos.
Según los cifras facilitadas a través del portal de la transparencia, en 2022, último año con cifras completas, fueron "devueltas" 1.015 personas y se ejecutó la "expulsión" del país de otras 2.627.
Son objeto de devolución los migrantes interceptados en la frontera o quienes, siendo expulsados, vulneran la prohibición de regresar a España; mientras que la expulsión es la sanción que se puede imponer al extranjero que se encuentra en situación irregular en el país.
Ambas cifras han descendido de manera notable en los últimos años, pero es más acentuada la bajada en el caso de las devoluciones, que llegaron a superar las 7.000 en 2018 y las 6.000 en 2019.
El Gobierno no desglosa las cifras por nacionalidades. Hacerlo, argumenta, podría generar "problemas" en las relaciones exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas embajadas y consulados, lo que "afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones".
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