Así lo pidió Chamizo al presentar en comisión parlamentaria el Informe del Menor correspondiente a 2009, año en el que se tramitaron 1.275 quejas -1.181 a instancia de parte y cuatro de oficio-, lo que supone “la cota más alta” desde que se creó esta institución y un aumento de más del 20% frente a las 1.022 de 2008.
La mayor parte se centran en la educación, con 747, seguida de casos de conflictividad familiar, los centros de protección o salud, aunque ha dicho que la mayoría de las quejas que afectaban a la Administración “se han resuelto satisfactoriamente”.
También han aumentado las llamadas al Teléfono del Menor con 671, un 4,60% más -sólo el 6,26% realizadas por menores-, sobre todo por asuntos relativos a procesos de separación y “problemas de acoso entre iguales que se inician en la escuela y se generalizan en la calle y redes sociales”.
El Defensor advirtió de que “la merma del tiempo disponible para atender las necesidades familiares priva a los menores del derecho a ser educados por sus padres”, por lo que debe reforzarse la conciliación de la vida familiar y laboral.
Entre las “cuestiones relevantes” que precisan de “una especial atención de la sociedad y los poderes públicos”, aludió a los problemas en la adolescencia, “que cada vez empieza antes y termina más tarde”, y reclamó un Plan Específico de atención a este colectivo con el objetivo de satisfacer sus intereses y necesidades.
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