La fiscalía nipona anunció hoy la apertura de una investigación formal sobre el partido gobernante en Japón por el escándalo de los cobros en negro de varios de sus altos cargos, un caso que ha debilitado la posición del primer ministro Fumio Kishida.
Un equipo de la fiscalía de Tokio procedió este martes al registro de varias sedes de facciones -subagrupaciones políticas- del Partido Liberal Democrático (PLD), en el marco de la instrucción abierta por sospechas de no haber declarado parte de su recaudación en eventos de colecta de fondos, entre otras irregularidades.
El caso desencadenó una crisis de Gobierno y llevó a Kishida a emprender una remodelación de su Gabinete la semana pasada, sustituyendo a cuatro de sus ministros que están involucrados en las supuestas irregularidades.
Registros en sedes del partido gobernante
Los registros, que comenzaron poco después de las 10.00 hora local (1.00 GMT), se acometieron en las oficinas pertenecientes a la facción Seiwaken, la más influyente del PLD y que estuvo liderada en su momento por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe; y la facción Shisuikai, dirigida por Toshiro Nikai, secretario general del PLD hasta la llegada a la jefatura de Gobierno de Fumio Kishida.
Entre los ministros purgados por estar supuestamente involucrados en los ingresos sin declarar destaca el exportavoz gubernamental y hasta la semana pasada número dos del Gobierno, Hirokazu Matsuno, quien ha sido reemplazado por el exministro de Exteriores Yoshimasa Hayashi.
Los cobros en negro ascenderían al menos a 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros) en el caso de la facción Seiwaken y más de 100 millones de yenes (642.000 euros) en la facción Shisuikai, parte de los cuales habrían sido distribuidos entre docenas de miembros de las facciones entre 2018 y 2022.
El registro de hoy coincide con la apertura formal de una investigación de la fiscalía sobre las irregularidades.
Es la primera vez en 19 años que la fiscalía abre una investigación contra una facción en conjunto tras la acometida contra la facción del ex primer ministro Ryutaro Hashimoto en 2004 por sobornos y que le costó la dimisión.
Kishida, en su momento más difícil
Kishida evitó pronunciarse "sobre el contenido de las actividades en el marco de la investigación", aunque afirmó que su partido "debe hacer todos los esfuerzos posibles para recuperar la confianza ciudadana en un momento de crisis", en declaraciones a los medios hoy.
El primer ministro nipón trató de desmarcarse de las sospechas con la citada remodelación de su Gabinete y dimitiendo la semana pasada de su cargo al frente de otra facción del PLD que también estaría bajo el escrutinio de la fiscalía, aunque por el momento no se ha anunciado la apertura de una investigación formal al respecto.
Ninguna de estas medidas le ha servido por el momento para recuperar la confianza de la ciudadanía o frenar la caída continuada de su popularidad, que se ha visto acelerada por este nuevo escándalo.
La tasa de respaldo popular del actual mandatario nipón se sitúa en el 22,3 %, según la última encuesta llevada a cabo por la agencia local Kyodo.
A ello se suma que el delicado equilibrio de poder dentro del conservador partido gobernante se ha visto alterado por la purga llevada a cabo por Kishida en su Ejecutivo, y tras la cual no ha quedado ni un solo ministro perteneciente a la antes citada facción principal del PLD.
Todo ello pone en riesgo la continuidad de Kishida al frente de su partido, de cara a las primarias que afrontará hacia octubre de 2024 antes de que expire su mandato como primer ministro un año más tarde.
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