Durante la octava sesión de este juicio, que continúa en la fase de cuestiones previas, el letrado Hipólito Marín informó de que la carpeta del CD con el documento que contiene las iniciales de los destinatarios de los supuestos pagos ilegales de Roca fue creada el 21 de junio de 2006, cuando el registro de las dependencias de la sociedad Maras Asesores en Marbella se produjo en marzo.
Por ello, mantiene que “no hay garantías” de que el contenido no pudiera ser “alterado”, y para ello ha pedido una demostración práctica en la que un informático ha introducido nuevas celdillas en una copia del documento con las iniciales H. M, J. C. L. y J. G, que corresponden a él mismo, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero y el presidente de la Sala, José Godino.
Tras señalar que no tiene “ninguna duda” de la honestidad de las fuerzas de seguridad del Estado -las anotaciones contables fueron intervenidas por la Policía-, el letrado recordó que existe un sistema de garantías que exige que las pruebas sean entregadas inmediatamente a los juzgados, y que no pueden ser “bajo ningún concepto modificadas”.
Y añadió: “Por lo menos hasta el 21 de junio de 2006, los archivos eran tratables”, tras lo que pidió la nulidad del archivo informático por haberse roto la cadena de custodia y no haberse respetado la garantía de integridad e intangibilidad.
Este letrado también aludió a las detenciones “instrumentales, espectaculares e innecesarias” practicadas y difundidas por los medios de comunicación, que atribuyó al “deseo de dar una imagen a la sociedad de dureza, contundencia, en la lucha contra la corrupción”.
La intervención de la defensa de la ex edil del PA fue seguida de un aplauso de varios imputados antes de que el presidente de la Sala anunciase un receso.
Posteriormente, el abogado Ernesto Osuna, que representa al ex edil del GIL Rafael González Carrasco, alabó la “valentía” de su compañero al demostrar con “una imagen que vale más que mil palabras” dónde está la nulidad de la prueba.
El resto de letrados insistieron en pedir la nulidad de los registros y escuchas telefónicas por la vulneración de derechos fundamentales, en criticar las detenciones injustificadas y en el incumplimiento de las normas de reparto de los juzgados de Marbella cuando asumió la investigación Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa.
En representación del ex concejal del GIL José Luis Fernández Garrosa, el letrado Primitivo de la Quintana aseguró que “la prensa del corazón ha montado este caso” y se refirió a la Policía que intervino en la investigación como “los hombres de Harrelson” y al juez Torres como “jefe de la Policía”.
Este abogado calificó la instrucción de “fascistoide”, mientras que con anterioridad la defensa de Lanzat destacó la “similitud” de esta causa con el argumento de la novela histórica “La catedral del mar”, en la que se narra un proceso inquisitorial del siglo XIV.
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