Una mujer ha sido detenida por la Guardia Civil y otras dos investigadas por los presuntos delitos de falsedad documental, intrusismo profesional, desobediencia a agentes de la autoridad y tráfico ilegal de especies protegidas tras ser intervenidas 847 cartillas de primovacunación de animales falsificadas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga al haber detectado la aparición de cartillas de primovacunación que no se correspondían a las editadas y distribuidas oficialmente por el Consejo Andaluz del Colegio de Veterinarios.
Los investigadores relacionaron las cartillas falsificadas con un criadero clandestino de gatos, con una tienda de animales y con un consultorio veterinario de Coín (Málaga), y corroboraron que habían sido utilizadas y distribuidas junto con perros y gatos a otras provincias españolas, ha informado este jueves la Guardia Civil.
Según testimonios de numerosos clientes que habían acudido a la tienda de animales, la titular del establecimiento, que carecía de la correspondiente titulación para realizar actos clínicos, había implantado microchips, aplicado diferentes tratamientos veterinarios y cumplimentado diversa documentación, algo que solo puede hacer un facultativo.
Con toda la información adquirida, los agentes hicieron una inspección en el establecimiento de venta de animales que estaba siendo investigado, donde se intervino diversa documentación, un sello consultorio, viales de vacunas, aplicadores de microchips y 847 cartillas de primovacunación falsificadas que estaban siendo utilizados por esta persona.
También se intervinieron once ranas protegidas por el Convenio Internacional CITES que se comercializaban ilegalmente en dicho establecimiento.
Al consultar diferentes registros oficiales de identificación animal y con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga, se comprobó que algunas de estas vacunas y el alta de los microchips habían sido registradas por una veterinaria, que no había participado en estos actos clínicos, con lo que blanqueó los hechos ilegales investigados.
Estos hechos llevaron a la detención de la responsable del establecimiento, a la que se le imputan un total de 960 hechos delictivos, principalmente por la administración de vacunas, y a la investigación de otras dos personas, entre ellas una veterinaria.
La Guardia Civil calcula que los perjuicios económicos causados por estos hechos ascenderían a 100.000 euros.
Según el Colegio de Veterinarios de Málaga, estas conductas suponen una competencia desleal y un perjuicio económico para todo el colectivo y para los propios clientes, que creen que sus animales están siendo tratados con todas las garantías por un profesional veterinario.
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