La Comisión Europea cifra el coste anual de sumar el uso del catalán, euskera y gallego al reglamento que reconoce las lenguas oficiales de la Unión Europea en unos 132 millones, según la "estimación preliminar" de Bruselas, basada en la experiencia con otras lenguas.
"De acuerdo a esa estimación preliminar, el coste ronda los 44 millones de euros por año y lengua, por lo que en total serían unos 132 millones de euros por las tres lenguas", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario de Presupuestos, Balazs Ujvari.
El Ejecutivo comunitario ha llevado a cabo una "evaluación preliminar", pero no podrá completar un "análisis financiero completo", advierte el portavoz, hasta que el Consejo tome una posición formal sobre la petición de España y el Gobierno detalle el "régimen transicional" que plantea para desplegar primero el catalán y más tarde las otras dos lenguas cooficiales.
Este informe se integra en la información que el Gobierno presentará al resto de socios de la Unión Europea para defender la oficialidad de las tres lenguas en un nuevo punto de discusión incluido en la agenda del próximo martes del Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE. Es el último Consejo en el que España, en tanto que presidencia de turno saliente, podrá marcar la agenda antes de que Bélgica tome el relevo en enero.
El asunto figura como punto de "decisión" en la agenda de los ministros, algo que ha provocado "sorpresa" en muchas delegaciones, según varios altos diplomáticos, que insisten en que no cuentan con la información necesaria para reflexionar sobre el fondo de la cuestión, no sólo respecto a su impacto financiero --que España ha dicho que asumirá por completo-- sino sus consecuencias legales y prácticas para el resto de regiones.
A finales del pasado octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya advirtió de que llevaría al menos "dos o tres meses" contar con las evaluaciones de impacto que exigen el resto de Estados miembro. La Comisión Europea, por su parte, se mostró dispuesta a "coordinar" los estudios con el resto de instituciones comunitarias, en las que también habría que estimar el impacto de pasar de 24 a 27 lenguas oficiales.
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