La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel y a indemnizar al Banco Santander con casi 5,5 millones de euros al hombre acusado de apropiarse de esa cantidad engañando a los clientes de su empresa, mediante transferencias falsificadas que dirigía a sus propias cuentas.
La Sección 15 de la audiencia madrileña también condena a la pareja del principal acusado, como partícipe a título lucrativo del delito, a indemnizar conjuntamente con su pareja al banco con 97.000 euros.
Se trata de una sentencia firme al haberse acordado en el juicio que las partes no recurrirían.
Los magistrados condenan a Alfonso B.P.S.A. como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de apropiación indebida -que aplica según la última redacción del Código Penal por ser más beneficiosa-, apreciando las atenuantes de dilaciones indebidas como muy cualificadas.
Así le condenan a dos años de cárcel y una multa de 480 euros, así como a indemnizar al Banco Santander, sucesor de Popular Banca Privada, con 5,5 millones.
La Fiscalía pedía originariamente cuatro años de cárcel para el procesado y tres años y siete meses para su pareja, además del pago de la cantidad estafada, pero rebajó la petición en el juicio.
La sentencia considera probado que Alfonso B.P.S.A. era socio y administrador de Capital Markers S.R.L. y tenía suscrito desde enero de 2009 con una entidad bancaria un contrato de agencia para la comercialización de productos financieros.
En base a ello y, "aprovechando las relaciones que tenía con buenos clientes", fue recibiendo "importantes sumas de dinero" para colocar en depósitos u otros productos financieros de la entidad bancaria, cantidades que el acusado transfería a sus cuentas propias.
Lo hacía rellenando él mismo las órdenes de transferencia y firmando por imitación como si él fuera el cliente, aprovechando la firma de ellos o utilizando sus claves electrónicas.
A lo largo del año 2012, fue transfiriendo estas cantidades a la cuenta que tenía en este banco su mujer, C. F. S., quien, según la acusación pública, "se aprovechó de los ilícitos traspasos" en connivencia con su marido.
Otras sumas de dinero fueron transferidas a la cuenta de la mercantil Verjuris, de la que era socio único y administrador el acusado.
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