“Yo no puedo más que lamentar que esa renovación no se produzca”, decía hace una semana a Efe la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, que recordaba a los políticos que “cumplir la Constitución es cumplirla en todos sus términos y la Constitución ordena la renovación de los órganos constitucionales y ordena y regula la renovación de este tribunal”.
Y es que a la sustitución de la propia Casas; del vicepresidente, Guillermo Jiménez; y de Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata –todos ellos designados por el Senado– se suma, además, la necesidad de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento el pasado 18 de mayo del también magistrado Roberto García Calvo, lo que corresponde al Congreso.
Aunque la renovación del tribunal fue pactada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado 23 de julio, los dos partidos admiten que la negociación está bloqueada y que seguirá así por mucho tiempo.
Las discrepancias alcanzan incluso a los términos del acuerdo suscrito por los dos líderes, ya que mientras que el PSOE asegura haber sido fiel al espíritu de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –que abrió la elección a la participación de los Parlamentos autonómicos–, en el PP insisten en que lo que se pactó fue que cada partido llevaría sólo dos nombre al Senado. Así, un año después la Cámara Alta tiene sobre la mesa 23 candidatos para cubrir cuatro plazas, de los que una quincena han sido propuestos por el PSOE.
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