Un hombre juzgado este lunes en Almería ha reconocido que allanó dos viviendas, intentó matar con un cuchillo a uno de los residentes, disparó a otra persona y retuvo durante horas a su hijo, unos hechos por los que el fiscal pedía inicialmente 22 años y cinco meses de prisión.
Aunque ha admitido que no ha abonado cuantía alguna como indemnización o enviado ningún tipo de carta para pedir disculpas, el acusado ha asegurado estar "arrepentido", algo que su abogada, María Isabel Vals, ha solicitado que se tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia.
Según la letrada estos hechos "no tienen ni pies ni cabeza", ha argumentado, si no se considera algún tipo de enajenamiento, que no ha quedado acreditado.
El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, si bien ha pedido que se aplique de forma plena la atenuante de reconocimiento de los hechos, mientras que el letrado Francisco Fernández Lupiáñez ha mantenido su acusación, al igual que la abogada Mónica Moya, quien ha descartado que exista arrepentimiento o que la admisión de los crímenes por el procesado sirva de algo, toda vez que subraya el "ensañamiento" que tuvo con un niño de 10 años.
El procesado ha reconocido que sobre las 09:00 horas del 15 de agosto de 2021 entró "sin consentimiento" en una vivienda de Vícar.
Una vez dentro golpeó en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo al morador de la vivienda, al que presuntamente provocó diferentes lesiones que tardaron 25 días en curar.
Tras coger un cuchillo de la cocina, se lo clavó a otro de los residentes de esta casa con la "intención de causarle una muerte cierta". La víctima sufrió siete heridas incisas en una zona de "riesgo vital".
Tras esto, se dirigió a otro inmueble de Vícar y tras entrar "sin autorización" disparó con un arma de fuego en la pierna a su propietaria, además de retener en contra de su voluntad dentro del domicilio al hijo de la víctima, de 10 años.
Según el fiscal, este último pudo ser liberado pocas horas más tarde, "al salir huyendo del lugar el procesado, que además lo agredió intencionadamente con el mismo cuchillo" en varios puntos.
Cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron en el lugar, "con ánimo de amedrentarles" comenzó a gritarles mientras aún retenía a la última víctima, de forma que amenazaba con matarlos a "todos".
Durante la comisión de estos supuestos hechos el procesado utilizó un revolver que había obtenido días antes y que había sido sustraído en septiembre de 2018 de un domicilio de Pinos Puente (Granada), aunque carece de permiso de armas y sabía del "origen ilícito" del arma.
El Ministerio Público acusaba en origen al procesado por dos delitos de allanamiento de morada, por un delito leve de lesiones, por un delito de homicidio en grado de tentativa, por dos delitos de lesiones, por un delito de detención ilegal, por un delito de amenazas, por un delito de tenencia ilícita de armas, y por un delito de receptación, por los que pedía penas por un total de 22 años y cinco meses de cárcel.
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