El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes cinco años en funciones, es decir un mandato completo caducado e inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.
El 4 de diciembre de 2018 debió renovarse la composición del Consejo, tal y como habían pactado el PSOE y el PP, hasta el punto de que habían comenzado las comparecencias en el Congreso de los candidatos.
Pero el célebre mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal, rompió el acuerdo, y desde entonces han pasado cinco años.
El pacto estuvo prácticamente cerrado de nuevo hace poco más de un año, pero de nuevo el PP lo rompió, en ese caso por la supresión del delito de sedición.
Ahora no hay visos de acuerdo y el CGPJ arranca nueva etapa con solo 16 de sus 20 vocales, sin capacidad de hacer nombramientos, un presidente interino - el tercero en un año- y un mandato que comenzó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV.
La Comisión Europea ha urgido en varias ocasiones a la renovación del Consejo sin que se le haya hecho caso.
Hace unos días, Félix Bolaños estrenó su cargo al frente de Justicia con una visita al presidente del Consejo, Vicente Guilarte, con el que coincidió en renovarlo "lo antes posible".
La pasada semana, Pedro Sánchez anunció su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar este asunto, pero los populares dicen que todo acuerdo de renovación pasa por reformar la ley para que sean los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a sus representantes en el Consejo, lo que no gusta al PSOE.
Entre tanto, este órgano sigue tomando decisiones y algunas de ellas de alto voltaje. La pasada semana declaró no idóneo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ser renovado en el cargo cuando el pasado año lo examinó y consideró que sí lo era.
Y recientemente se posicionó en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores, sin que ni siquiera haya arrancado la tramitación de la proposición de ley.
Este sábado el presidente del CGPJ planteó en una columna publicada en El País la posibilidad de recortar las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una reforma que, a su juicio, facilitaría su renovación.
"La apetencia de unos y otros por la designación de 'sus' vocales se diluiría", afirmaba.
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