Fuentes judiciales han informado a los periodistas de que el intérprete envió esta semana un fax al Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, en el que asegura que está a disposición de la Justicia y que está al tanto de las actuaciones del órgano instructor.
Al no acudir a la comparecencia, se abre la posibilidad de que se libre una comisión rogatoria para continuar con la tramitación de esta causa de 2007 con una veintena de imputados y denominada Goldfinger, en referencia a la película de 1964 en la que Connery hizo el papel del agente británico James Bond.
Otras fuentes judiciales han explicado a Efe que la comisión rogatoria es una comunicación legal de auxilio de la autoridad española a otra extranjera para que practique actos de instrucción o diligencias en el ámbito territorial de su competencia.
El trámite de la comisión rogatoria incluye la posibilidad de que un fiscal español se desplace al país de residencia de Sean Connery y que el juez envíe unas preguntas concretas a su homólogo para trasladarlas al actor.
El magistrado del caso, Ricardo Puyol, advirtió en su momento en una providencia de que, en caso de incomparecencia de los encausados, “podrán utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello”.
Medio centenar de periodistas aguardaban la posible llegada de Connery ante el juez, que intenta dirimir si se han cometido delitos, entre ellos de blanqueo de capitales, tras la recalificación de una parcela de Marbella donde estaba el chalé Malibú del actor y donde el matrimonio pasó sus vacaciones hasta 1999.
Sobre ese lugar -en primera línea de playa- hay 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.
El titular del juzgado fijó la fecha de la declaración de ayer después de que representantes de las autoridades británicas en España facilitaran el domicilio exacto del matrimonio Connery en Nassau (Bahamas) y trasladaran al magistrado el interés del intérprete por conocer estas actuaciones judiciales.
El juez había ordenado que, junto a las cédulas de citación, se les remitiera a los imputados un resumen del objeto de las actuaciones traducido al inglés.
Entre los imputados en esta causa están también el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor de Urbanismo y principal procesado en el mayor caso contra la corrupción en España denominado Malaya, Juan Antonio Roca.
El juez llegó a protestar ante el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) por una carta del embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, que creyó intimidatoria, que podía ser “un atentado a la independencia de un órgano judicial español” y donde éste dice que el actor podría demandar a los responsables de hacer pública su imputación.
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